El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Comisionada Residente, Jenniffer González, parecieron mantener sus diferencias en cuanto a la reforma contributiva federal, pero dieron la impresión de tener una denuncia común al acordar que la situación colonial de la Isla es la razón por la cual el Congreso optó por clasificar a Puerto Rico como territorio foráneo en ese importante proyecto de ley.

Esta postura fue el resultado de un cónclave celebrado en el Capitolio entre el gobernador, la comisionada, los presidentes de Senado y Cámara - Thomas Rivera Schatz y Carlos Mendez Núñez, respectivamente - sus delegaciones legislativas y alcaldes azules en el que discutieron el proyecto de reforma contributiva federal.

'Todos coincidimos que la reforma contributiva federal es mala para Puerto Rico. Y que nuestra condición colonial es la que ha ubicado a Puerto Rico en una desventaja al punto que quieren imponer sobre Puerto Rico contribuciones, impuestos y los que creemos en la igualdad plena de los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico, los que creemos en el trato igual no podemos aceptar que ninguna condición de desigualdad se nos siga quitando y se nos siga castigando', resumió el presidente del Senado, primero en hablar durante la rueda de prensa celebrada posteriormente.

El proyecto de reforma contributiva federal se encuentra actualmente en comite de conferencia en el Capitolio federal, dónde avanzan los esfuerzos para producir una medida de consenso para enviar a la Casa Blanca. De mismo modo, la reforma supone ser el primer proyecto de ley que el presidente Donald J. Trump aprobará durante su primer año.

En Puerto Rico, la medida ha cobrado importancia por considerar a la isla como una jurisdicción foránea, cuyas empresas estarían sujetas a un impuesto por operar fuera del territorio continental de Estados Unidos.

La Cámara federal busca que ese impuesto sea de 20%, pero según la Comisionada Residente incluye un incentivo contributivo a empresas domesticas al amparo de la sección 199 del código de rentas internas que permite una rebaja del 35% de ese impuesto. La versión del Senado federal, sin embargo, no incluye ayuda alguna a Puerto Rico, pero contempla que ese impuesto a las empresas foráneas sea de 12%.

La postura del gobernador, por una parte, es que continúe el actual trato contributivo respecto a Puerto Rico y que no se aplique impuesto alguno. 'Este es un momento de definición claramente para Puerto Rico y yo invito a todos como pueblo a que exijamos que de estos impuestos que se le quiere poner a la foráneas, que aquí no se le pongan en Puerto Rico para mantener nuestra base económica, para exigir trato justo para aspirar a la igualdad y finalmente para lograr una transición hacia la estadidad', declaró Rosselló Nevares.

Por otra parte, la visión de la Comisionada residente se asemeja a la del gobernador, pero sólo desea que el impuesto sea aplicable a empresas foráneas operando en Puerto Rico, partiendo de la premisa que la Isla debería ser tratada como jurisdicción domestica. Es decir, que reciba el mismo trato que los estados.

'Las posturas siempre han estado armonizadas. Lo que pasa es que como hay quienes quieren defender lo que tenemos como jurisdicción territorial, lo que tenemos como jurisdicción colonial, pues nos agrada y aplauden esto', dijo González Colón. 'Los productos no van a decir manufacturados en una jurisdicción foránea, van a decir manufacturados en Puerto Rico, USA. Y si lo que queremos es que Puerto Rico eche pa' lante tiene que ser de esa manera', abundó.

Así las cosas, tanto el gobernador como los presidentes legislativos alagaron a González por su gesta en Washington DC y los esfuerzos que ha logrado junto el Speaker de la Cámara federal, Paul Ryan. No obstante, el gobernador insistió que la razón primordial por la clasificación foránea que se le impuso a Puerto Rico en la reforma es su falta de representación congresional y por tanto el asunto de la estadidad está ligado a la controversia.