La subsecretaria de la Gobernación, Itza García Rodríguez, compareció este jueves ante el comite de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que investiga los intercambios en el grupo de Whatsapp, en el cual participaron altos funcionarios del Gobierno y que provocó la renuncia del juez Rafael Ramos Sáenz.

García Rodríguez admitió que conocía que Ramos Sáenz era juez al momento de participar en un grupo político, pero desconocía que presidía la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Moca, confirmaron dos de los miembros del comite investigador, quienes adelantaron que puede haber indicios de la comisión de varios delitos electorales y eticos.

'Sí, lo sabía. Lo confirmó (que sabía que era juez al momento de que se incluyera en el chat)', expuso Karla Angleró, comisionada alterna del Partido Popular Democrático (PPD) y miembro del comite investigador de la CEE.

La secretaria asociada dijo tambien al comite investigador que no fue hasta este año que se enteró que el exjuez presidía la Junta de Inscripción Permanente de Moca mientras participaba de conversaciones políticas y era parte del grupo que configuraba el llamado Plan para Puerto Rico.

'Ella dijo que sabía que era juez nombrado desde septiembre u octubre de 2016; pero que presidía la comisión de Moca que se enteró con las declaraciones del senador Aníbal Jose Torres y la divulgación del chat', confirmó por su parte, el comisionado alterno del Partido Independista Puertorriqueño (PIP), Adrián González.

González cuestionó la veracidad de la versión ofrecida por García que asegura se enteró por la prensa de la consulta hecha por el exjuez Ramos Sáenz sobre el voto de los encamados.

'Definitivamente no le creo. Siendo la administradora del chat, daba instrucciones a jueces. A mi juicio sí (pudiera haber cometido delitos y faltas eticas)', sostuvo González.

El comisionado alterno del PIP mencionó que recomendará al comite que los hallazgos de la pesquisa sean referidos para investigación en el Departamento de Justicia ya que puede haber varios delitos tanto del Código Penal como el Código Electoral.

De acuerdo con los miembros del comite investigador, García Rodríguez no se acogió a su derecho a la quinta enmienda. Sin embargo, aunque contestó todas las preguntas, García se incomodó con los cuestionamientos eticos.

'Si hay información que nos puede dar indicios de la comisión de delitos y faltas eticas', indicó tambien la comionada alterna del PPD.

García declaró al comite que no tiene claro cuál de las cuatro administradoras del chat fue la que incluyó al exjuez en el grupo. Indicó que no tiene conocimiento de que hubiera otro juez en ese u otro grupo de WhatsApp.

A su salida, la todavía secretaria asociada de la gobernación rechazó contestar preguntas sobre el proceso. Tampoco contestó si renunciará a sus funciones en La Fortaleza o si entiende que hizo algo incorrecto.

'Yo no voy a contestar preguntas en esa dirección. Ellos notificaron que iban a estar investigando a Rafael Ramos como presidente de la comisión local. Ustedes saben que hay un proceso investigativo. Que en varias ocasiones he dicho que con respecto a la investigación o voy a estar haciendo expresiones públicas', dijo García.

Angleró anticipó que la pesquisa está bastante adelantada, por lo que podría culminar en cuestión de semanas. Están citados para la próxima semana el exjuez Ramos Sáenz y la hoy administradora de ASUME, Waleska Maldonado. Esperan por una fecha para que acuda el secretario de la gobernación William Villafañe, quien tambien ha sido citado.

Entretanto, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, quien tambien compareció hoy ante el comite de la CEE, expresó en comunicado de prensa que 'las declaraciones públicas hechas hoy por los miembros del comite investigador del PPD y PIP, adjudicando y llegando a conclusiomes sobre lo que declaró hoy una compareciente me llevan a concluir que el foro no es apto para llevar a cabo este proceso de investigación como uno serio'.

Burgos tambien apuntó que las declaraciones dadas por los comisionados a la prensa constituyen 'un acto irresponsable contra los derechos de los comparecientes y en clara violación a los reglamentos y el Código Electoral'.

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