La definición de los servicios esenciales, una que el Gobierno de Puerto Rico se ha negado a estipular, podría llegar desde el gobierno federal por vía de enmiendas a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Estos cambios se discutirían el próximo 22 de octubre durante una vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, cuerpo que originó el estatuto que le impuso una Junta de Control Fiscal (JCF) a la Isla.

'A mí se me hace que la educación es un servicio esencial, que los servicios y seguros médicos y el pago de pensiones son servicios esenciales. En vez de tratar la pobreza que trae la falta de pensiones, es [mejor] dejarlo. Si se va al desarrollo de Puerto Rico, depende de la educación de la juventud del pueblo. La [educación] pública y la universitaria. Se tiene que seguir desarrollando ese talento', subrayó el congresista demócrata Raúl Grijalva.

Los cambios surgirían a más de tres años de ser firmada la ley, una que lleva igual cantidad de tiempo entre rumores que vaticinaban su reforma. Bajo el liderato congresional previo, uno de mayoría republicana, la ley no había cumplido con las expectativas trazadas en su elaboración, en parte motivado por la falta del pago de la deuda pública, que sobrepasa los $70,000 millones.

Ahora, con el cambio de poder mayoritario al grupo demócrata, persiste la insatisfacción con el desempeño de la ley, pero se busca hacerle cambios 'profundos', que a su vez suponen responder al reclamo de la ciudadanía.

'El cambio que queremos ver nosotros también es al fin definir qué son los servicios esenciales de esa ley y cuál va a ser la responsabilidad del gobierno federal y el gobierno estatal. Ha habido una respuesta no muy positiva del gobierno central, pero vamos a compartir con ustedes', señaló el congresista, quien preside el Comité de Recursos Naturales.

'Después de seis meses, regresamos [a Puerto Rico] porque vamos a presentar el 22 de octubre la oportunidad de reformar la Ley Promesa, que es la ley que el Congreso inició. La agenda para nosotros es hacer algunos cambios y cambios profundos y estamos aquí para recibir esa información', comentó Grijalva antes de comenzar una vista pública en Casa Pueblo, en Adjuntas, ante comerciantes y representantes de grupos comunitarios.

El congresista del estado de Arizona se encuentra en la Isla por el fin de semana para conocer de cerca el proceso de reconstrucción tras el huracán María, ocurrido el 20 de septiembre de 2017. Hasta la fecha, su visita más reciente se había registrado en marzo, cuando llegó acompañado de otros miembros del Comité de Recursos Naturales para conocer sobre el sistema de energía solar en Toro Negro, en Ciales.

La visita a Puerto Rico, además, surgió de un reclamo aprendido de que 'no había conexión entre las necesidades y los deseos de la comunidad general y las necesidades y decisiones que estaba promoviendo el gobierno estatal. Eso era común y la falta de confianza ante el gobierno es que no respondían a sus necesidades', según Grijalva.

Entre las enmiendas a la Ley Promesa se encontrarían medidas para cancelar deuda no asegurada, la creación de una comisión de auditoría de la deuda, cosa que se ha exigido por los grupos ciudadanos pero que en el documento actual solo existe a modo de auditoría forense y a cargo de la JCF.

Además, parte de las enmiendas sería el nombramiento de un coordinador federal para la reconstrucción, un oficial de revitalización del sistema eléctrico, así como eliminar el actual puesto de Coordinador de Revitalización de la entidad financiera. El cargo continúa vacante tras la salida de su primer y único ocupante, Noel Zamot.

En Casa Pueblo, el congresista escuchó a representantes de la Red Fundaciones de Puerto Rico, Firmes, Unidos y Resilientes por la Abogacía (FURIA), Proyecto Matria, Ayuda Legal, Ponce Neighborhood Housing Services, Oxfam, Casa Pueblo, Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Asociación de Comerciantes de Adjuntas, Pueblo Solar.

En la vista, a Grijalva le recomendaron que los procesos se realicen con mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno, así como mayor participación ciudadanía, especialmente de las mujeres que son mayoría en la Isla, pero que enfrentan mayor desigualdad en distintos ámbitos.

'Si potenciamos al público con la data real y los fondos, ellos serían más que capaces de democratizar el proceso y liderar el país. Necesitamos data, transparencia de data, democratizar el proceso y tratar a Puerto Rico en igualdad de condiciones. En el caso de las fundaciones, podríamos eliminar el pareo de fondos y que las instrucciones estén en español', señaló Glenisse Pagán, directora ejecutiva de la Red de Fundaciones de Puerto Rico.

Por su parte, Carmen Villanueva, del grupo FURIA, aludió a los problemas con los fondos administrados por el Departamento de Vivienda y la Oficina Central para la Reconstrucción y la Recuperación (COR3), así como la falta de coordinación de las agencias locales y federales y el exceso de contratos de consultoría que no parecen rendir frutos en pro de las comunidades.

Ayer, viernes, Grijalva se reunió con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y visitó el pueblo de Loíza. Hoy, escuchó a varios ciudadanos en Guayama sobre la planta a base de carbón, AES.

Mañana, domingo, Grijalva viajaría a Vieques, mientras que el lunes se reuniría con el liderato legislativo en el Capitolio.