Mediante Orden Ejecutiva, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, extendió el período de emergencia fiscal en el que se encuentra la isla como consecuencia directa de la crisis económica gubernamental empeorada por el paso del huracán María.

Ahora al amparo de la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico (Ley 5 de 2017), el plazo supone terminar el 30 de junio de 2018.

El estatuto faculta al gobernador a nombrar síndicos o recursos para dependencias en estado de emergencia. Igualmente, le otorga la habilidad de vender, alquilar, traspasar, asignar o transferir activos y obligaciones de una entidad gubernamental de acuerdo al 'ordenamiento jurídico vigente' y sin 'poner en peligro' la salud, bienestar de los residentes de la Isla o afectar 'inconstitucionalmente un bono, pagare, valor u obligación legal no impugnada de una entidad del Gobierno'.

'El 19 y 20 de septiembre, el huracán María tocó suelo en Puerto Rico como el evento atmosferico más devastador en los últimos 80 años. Dicho impacto ha afectado de manera adversa las finanzas del gobierno, lo cual ha provocado que la crisis fiscal empeore', explicó Rosselló Nevares en el documento, numerado como la OE 76-2017.

Sumado a ello, alude al pedido de la Junta de Control Fiscal (JCF) respecto a la elaboración de nuevos planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones, como la Autoridad de Energía Electrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Igualmente, mencionó que hay dependencias en medio del proceso del Título III bajo la Ley Promesa.

'Es esencial extender el Período de Emergencia declarado bajo la Ley 5-2017, según enmendada, por un termino adicional de seis meses para tener las herramientas necesarias para trabajar con los retos fiscales a los que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades se enfrentan', subrayó.

La decisión marca la tercera vez que Rosselló Nevares solicita una extensión y, en esta coyuntura, la más extensa. Originalmente, los períodos eran enmendados por tres meses, pero con la OE 76, firmada el 28 de diciembre de 2017, el lapso es de seis meses.

Tras su creación, el período de emergencia suponía finalizar el 1 de mayo de 2017, no obstante, el gobernador solicitó una extensión amparándose en el Artículo 103(q) de la Ley 5-2017 para ponerle punto final el 1 de agosto. Luego, al ser enmendada por la Ley 46-2017, la nueva fecha fue fijada para el pasado 31 de diciembre.