El gobernador Ricardo Rosselló Nevares vetó los proyectos 1035 y 1036 de la Cámara y el proyecto del Senado 489 que perseguían adoptar nuevas leyes de menores y de justicia juvenil.

Los proyectos aprobados por los cuerpos legislativos establecerían política pública 'diametralmente opuesta para atender los mismos asuntos relacionados al manejo de los casos y conducta constitutiva de falta contra menores de 18 años', indicó el Gobernador en comunicado de prensa.

Dichos proyectos fueron muy criticados por sectores civiles y organizaciones que agrupan a padres de niños con impedimentos, quienes pidieron a Rosselló desde principios de diciembre que vetara la Ley de Justicia Juvenil.

'La controversia que plantea la Ley de Justicia Juvenil es si la conducta, el pensamiento, el juicio social y el sentido común que se le atribuye a una persona adulta en la toma de decisiones es similar al de un niño-joven', explicó entonces la doctora Ángeles Acosta, profesora universitaria y psicóloga especializada en educación especial.

En un aparte con NotiCel, Rosselló Nevares abundó que quiere llegar a un consenso 'porque los dos proyectos que llegaron a mi escritorio son diametralmente opuestos. Entiendo que uno era muy punitivo y el otro muy liberal. Hay áreas donde podemos ser razonables, la protección del niño es primordial'. El Primer Mandatario añadió que 'me comunique con el presidente de la Cámara (Carlos Mendez Núñez) para dejarle saber mi decisión y le exprese mi interes por trabajar en conjunto un proyecto para establecer una política pública clara y contundente por parte de la Asamblea Legislativa y de la Rama Ejecutiva para manejar este asunto de forma responsable y sensible'.

Por su parte, Mendez Núñez indicó que esta preparado para dialogar con el Primer Mandatario con el objetivo de crear una estructura de justicia para los menores, a tono con los parámetros constitucionales de Puerto Rico y los Estados Unidos, al igual que con la realidad actual.

'Respeto la posición del Gobernador, esa es su prerrogativa constitucional y estoy en la mejor disposición de sentarme con el y establecer puentes de diálogo para atender este asunto, el cual considero de gran importancia para nuestra sociedad', indicó el líder legislativo mediante comunicado de prensa.

El Presidente de la Cámara recalcó que la rehabilitación debe ser el centro de cualquier legislación futura sobre este asunto.

Puerto Rico es uno de seis países en el mundo donde no existe una edad mínima para que un menor pueda ser procesado criminalmente, poniendo a riesgo la criminalización de cualquier niño en cualquier edad.