El 13 de noviembre de 2017, el Gobierno de Puerto Rico sometió una propuesta de fondos al Congreso de los Estados Unidos en aras de recibir $94,400 millones para la reconstrucción 'resiliente' de la infraestructura de la isla, particularmente para las áreas de salud, vivienda y energía electrica.

Sin embargo, la culminación de esos proyectos --considerados como servicios esenciales-- queda en suspenso y a espera del ente legislativo federal, pues el recien develado Plan Fiscal no destina fondos gubernamentales para esos fines.

Como parte del 'Build Back Better', Rosselló Nevares pidió $94,000 millones para:

Vivienda - $31,100 millones para edificios con daños o destruidos, así como otras estructuras y equipo.

Resiliencia de utilidades y la red electrica - $17,800 millones para reparar la infraestructura

Salud - $14,900 millones para arreglar, reforzar y hacer que las instalaciones de salud sean más resilientes, para aumentar el programa de Medicaid, y para rellenar las dispensas de emergencia.

Del monto ser aprobado por el Congreso, lo demás sería empleado en educación y las escuelas, entre otras áreas no mencionadas.

Un ejemplo de proyectos que no serán completados son reparaciones que pretende realizar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) respecto al manejo y control de agua potable y aguas usadas.

Se trata de iniciativas que costarían alrededor de $2,200 millones como parte de la solicitud 'Build Back Better', hecha por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares al Congreso.

Según la página 49 del plan fiscal de la AAA, 'los proyectos de resiliencia solo se harán si hay la disponibilidad de fondos federales para el 100% de la cantidad necesitada'.

El documento hace la salvedad de que la corporación no puede parear ni un 10% de ese dinero porque eso aumentaría la brecha presupuestaria de la AAA y ese posible escenario no se tomó en consideración a la hora de elaborar el plan fiscal.

En detalle, los trabajos pendientes buscan mejorar la confiabilidad en el tratamiento de aguas limpias y residuales, el aumento a la seguridad en las represas y la eliminación de desbordamientos.

Cabe destacar que el Gobierno ha insistido en su carencia de dinero para operar, por lo que incurrir en más gastos no solo parece casi imposible, sino que incrementaría la brecha presupuestaria de cara al 2022 o representaría más obligaciones de deuda.

El Plan Fiscal entregado no vislumbra un balance en el presupuesto por los próximos cinco años y tampoco destina dinero para el pago de la deuda pública, que sobrepasa los $70,000 millones.

Además de la AAA, las reparaciones a la red electrica tambien dependen en una asignación federal de $17,606 millones.

El Plan Fiscal del Gobierno contiene dos páginas en las que aborda el tema de las subvenciones federales.

Una partida que sí está presupuestada consiste de $35,300 millones, cuyo desembolso por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), según declaraciones del gobernador Rosselló Nevares, supone estar asegurado.

Ambas cantidades --$94,400 millones y $35,300 millones--tienen, en esencia, la resolución de los mismos asuntos. No obstante, la primera aparenta ser para la reconstrucción a largo plazo.

Resta conocer, además de si el dinero será aprobado por el Congreso, cómo influiría en la fracción de dinero la anunciada venta de activos de la Autoridad de Energía Electrica.

Al presente, alrededor de 400,000 abonados carecen de energía electrica y, en cuanto a agua potable, unos 32,506 clientes.

Por otra parte, aún hay personas desplazadas y se estima que 200,000 viviendas sufrieron daños a raíz del huracán.

Mira el Plan Fiscal de la AAA aquí: