La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) parece estar comandada por las influencias político-partidistas, ya que en los pasados meses la ha regido una batalla campal por el poder reflejada en conflicto de intereses, despidos injustificados y amenazas de muerte a los empleados.

Los incidentes, relatados por fuentes de NotiCel y comprobados mediante documentación, se centran en un grupo apodado 'El Clan de los Mocanos', cuyos vínculos han evolucionado a traves de los años hasta cimentarse en La Fortaleza, poniendo en duda el manejo de fondos públicos y la concesión de licencias profesionales y de comercios para propiciar el desarrollo económico de Puerto Rico.

El mote, dado por las fuentes a las que tuvo acceso NotiCel, habla de las raíces que tienen en ese publo del oeste de la Isla varios de los personajes que han llegado a amasar poder en el área de permisos del gobierno.

Por virtud de la Ley 161 de 2009, conocida como 'Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico', OGPe es la autoridad máxima en cuanto a trámites para atender las solicitudes de la ciudadanía, entre las que se encuentran permisos, licencias, inspecciones y certificaciones.

Esa tarea se ha controlado por este grupo desde la dirección de OGPe de Hector Rodríguez Echevarría, director interino desde junio del año en curso y quien a la misma vez encabeza una compañía dedicada a servicios de consultoría en procesos de permisología.

La empresa, llamada iPermits Group, P.S.C., fue registrada en el Departamento de Estado en julio de 2012 con base en el municipio de Moca y continúa activa con Rodríguez Echevarría como su presidente, incorporador y agente residente.

De acuerdo al viejo portal de OGPe --antes que se convirtiera en el 'Single Business Portal' del gobernador Ricardo Rosselló Nevares--, Rodríguez Echevarría carece del credencial de 'Personal Autorizado', lo que significa que no cumple con los requisitos estipulados en el reglamento del Inspector General de Permisos.

No obstante, la corporación con fines de lucro ha contado con unos 109 contratos con agencias gubernamentales desde su nacimiento, como la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) y los municipios de Aguadilla, Moca y San Sebastián, que en conjunto rondan los $500,000.

Aún vigente hasta el año 2020 queda un contrato con el Municipio de Moca por un monto de $4,750 por servicios de ingeniería.

Rodríguez Echevarría arribó a OGPe el 1 de junio por destaque, proveniente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Previamente, había ocupado el puesto de Director Ejecutivo Auxiliar en la agencia entre enero y agosto de 2012.

El surgimiento de su nombre para el cargo actual se le atribuye a María Palou Albasolo, asesora legal en desarrollo e infraestructura del Primer Ejecutivo. Su predecesor, Ian Carlo Serna, confirmó a NotiCel que renunció el 30 de mayo.

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Según fuentes de este medio, tanto Rodríguez Echevarría como Palou Albasolo pertenecieron al controvertible mensaje grupal en WhatsApp que finalizó con la carrera judicial y política de Rafael Ramos Sáenz, tambien oriundo de 'la capital del mundillo' y 'los vampiros'.

Además de Serna, otros empleados enfrentaron represalias por cuestionar las decisiones de Rodríguez Echevarría, algunos quienes se retractaron de comentar a este medio porque habían sido amenazados de muerte.

El caso más notorio que ha provocado la riña dentro de la agencia es el letrero lumínico instalado en el puente peatonal entre el Parque Luis Muñoz Rivera y la entrada al Escambrón. La valla publicitaria, adosada a la estructura, llegó por medio de un contrato de $228,000 entre el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), como matriz del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, y la compañía Nex Gen, LLC en el 2017.

El cabildeo por la instalación del 'billboard', en cambio, se le atribuye a Nicole Rodríguez Erazo, cuñada del exrepresentante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal, Elías Sánchez Sifonte, e hija del expresidente del Senado y actual miembro de la Comisión de Igualdad, Charlie Rodríguez Colón.

A Rodríguez Erazo se le ha fotografiado con amigos cercanos en cenas nocturnas en el área metropolitana que incluyen al representante de Nex-Gen, LLC, Salim Merheb Bistani, quien a su vez tiene varias vallas publicitarias instaladas en Puerto Rico. Una de ellas se encuentra en la antigua sede del Departamento de Justicia, en Miramar, edificación perteneciente a la Autoridad de Edificios Públicos.

Aunque ya instalada, OGPe sostuvo una consulta de ubicación en agosto pasado respecto al letrero. Luego del proceso, Rodríguez Echevarría firmó una resolución en carácter de presidente de la Junta Adjudicativa de la agencia en la cual se catalogó como 'no favorable' la valla publicitaria. El documento no explica cómo un año despues de instalado el letrero es que se deniega su colocación.

Hector Morales Vargas

Durante la vista pública en agosto, la empresa Nex-Gen, LCC desfiló dos peritos para abogar por su causa, entre los que se encontraba el ingeniero Hector Morales Vargas. El especialista indicó que fue llevado como consultor de la compañía ya que revisó la regla aplicable y examinó el contrato entre las partes.

Morales Vargas presidió la Junta de Planificación desde enero 2009 hasta agosto 2010, entidad encargada de fijar los parámetros del uso de tierras, y en la cual creó la Ley de Permisos, de cuyo reglamento emanan los 'profesionales autorizados', encargados de gestar permisos ante el Gobierno. La acreditación para esa posición se alcanza luego de tomar determinados cursos y es la misma que, según mencionado arriba, Rodríguez Echevarría carece.

Luego, se desempeñó como secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP) desde 2010 hasta 2011 y fue Comisionado Electoral.

Según el directorio del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), la certificación de Morales Vargas está expirada desde marzo y su nombre no aparece en el Registro Permanente de Agrimensura.

Sin embargo, lidera y ha encabezado compañías dedicadas a la educación de ingenieros y la permisología.

En una carta, Nex-Gen, LCC autorizó a Morales Vargas y a Field & Permits, PSC, para tramitar solicitudes de recomendación, enmiendas y consultas, entre otras labores, ante las agencias pertinentes en relación a la valla publicitaria en San Juan.

Dicha empresa se dedica a la práctica de la ingeniería, a la inspección y al diseño de proyectos. Empero, ha incumplido con el Departamento de Estado al no rendir los informes anuales correspondientes a los años 2016 y 2017. Según la Ley General de Corporaciones (Ley 164-2009), esta falta conlleva la cancelación de la empresa.

La compañía ha tenido contratos con AFI y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, cuyo monto total asciende a $496,538. Esta empresa tiene como agente residente a otra corporación, llamada Advance Business Circle, de la cual Morales Vargas es persona autorizada.

Además de señalar que la práctica de la ingeniería sin licencia es ilegal, la Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (Ley 173 de 1988) establece que un individuo no podrá escudarse en una corporación para realizar las profesiones que aborda el estatuto.

El texto dicta: 'ninguna persona podrá, bajo el pretexto de ser empleado de una corporación profesional, practicar una profesión a menos que este debidamente licenciado para así hacerlo a tenor con las leyes de esta jurisdicción'.

Previo a estas empresas, Morales Vargas presidió otros conglomerados que han tenido contratos con el gobierno. Entre ellas, se encuentra HMV Group, que logró un contrato con el Municipio de Moca por $9,200 en el 2009, y por un corto tiempo sirvió como agente residente de la empresa Bortech Technology Institute Corp.

Esta última realizó un acuerdo no financiero con la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en el 2013.

Bortech, al igual que GoToEdu.net (dominio que ya no está en función), estaba autorizada por CIAPR para proveer servicios de educación continua para la certificación de 'profesional autorizado' y lidiar con la tramitación de permisos, zonificación y autonomía municipal.

De partes de prensa se sostiene que Bortech contaba con la colaboración de la contador público autorizada Marisel Castillo, agente residente de Quality Star Services. Esta compañía de consultoría y servicios tecnicos acumuló $69,000 en convenios con el Municipio de Culebra y la Oficina del Inspector General de Permisos entre el 2012 y el 2013.

Estos son solo dos miembros del Clan Mocano, cuyas acciones y decisiones sirven para testificar sobre las puertas giratorias en el Gobierno.