Cuatro empleadas de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) denunciaron una situación de traslado oneroso impuesta por la gerencia que complica aún más los servicios que suponen brindar al proyecto de comunidades especiales.

Los traslados tomaron efecto el 5 de septiembre, pero solo aplicaron a las oficinas regionales de ODSEC en Ponce, Arecibo y Humacao, no así a la oficina regional del oeste ubicada en Mayagüez. La ODSEC es la dependencia sucesora de lo que en su momento fue la Oficina de las Comunidades Especiales.

Tres de las afectadas que conversaron con NotiCel: Geraline Mireya, Naidaly Martínez y Jocecil Lugo, todas oriundas de Ponce, ejercen como organizadoras de desarrollo comunitario en el área sur, mientras que una de ellas, Elizabeth Haza, hace lo mismo desde la oficina regional en Arecibo.

En el caso de la oficina de Ponce, las organizadoras comunitarias indicaron que tras el paso del huracán María la estructura estaba en condiciones deplorables, denuncia que llevaron ante la OSHA y que resultó en una serie de multas contra la agencia. Sin embargo, en el caso de Haza, su oficina sigue abierta pues comparte espacio con la oficina del Departamento de la Familia en Arecibo.

Aún así, el 4 de septiembre, los empleados de las oficinas regionales del norte, sur y este fueron convocadas a una reunión en la oficina central en San Juan para anunciar el cierre de estas oficinas. Efectivo el próximo día, estos empleados tendrían que reportarse a la oficina ubicada en la avenida Roosevelt, sin garantía alguna de que este arreglo sería temporero.

Para Haza, quien comenzó en la agencia en el 2001, fue despedida en el 2010 por la Ley 7 y regresó a Comunidades Especiales en el 2013, esta fue su segundo traslado en lo que va de cuatrienio. Oriunda de Utuado, originalmente se reportaba a la oficina de Jayuya, la cual fue cerrada y el personal trasladado a Arecibo.

Para mantener su trabajo, está obligada a viajar cinco días a la semana hasta San Juan, pagando $11.80 al día en peajes y $30 cada dos días en gasolina. 'Es bien fuerte porque ahora mismo yo tengo una nena tambien que yo la tengo que dejar para ir a trabajar en San Juan, donde yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana y llegó a las 7 de la noche. Una niña de 16 años que tengo que dejarla', exclamó Haza, añadiendo que en los últimos dos años no ha recibido directrices en relación a las 36 comunidades que tiene asignadas.

Las cuatro empleadas tambien resaltaron la carga económica que supone la travesía diaria hasta San Juan. Para Lugo, esa carga se ha tornado insostenible, señalando que ha tenido que tomar prestamos para pagar los gastos nuevos que surgieron con este traslado.

Martínez contextualizó la situación al señalar que ella y sus compañeras devengan un sueldo de $1,970 mensuales. Sin embargo, los costos de peaje, gasolina y mantenimiento vehicular han disparado sus gastos a la vez que el tiempo de viaje les limita la interacción familiar durante la semana laboral.

'Estamos trabajando con el mismo sueldo, con más cantidad de tiempo que nos restan para nosotros transportarnos a la oficina y trabajar. No nos estamos negando a trabajar en ningún momento. Nos estamos negando a la oportunidad de estar trasladándonos a San Juan. Yo tengo $512 fuera de presupuesto a lo que es mantenimiento a mi carro', expresó Martínez, quien además intenta cursar estudios universitarios en Ponce bajo este nuevo horario.

Mireya, quien ha trabajado en el proyecto de Comunidades Especiales desde su creación, explicó que tras las reuniones entre el patrono y el líder sindical Luis Pedraza Leduc, les dieron la oportunidad de buscar oficinas alternas en el sur. Aunque encontraron opciones de oficina en instalaciones municipales libre de costo, la gerencia de ODSEC no ha tomado acción.

Entretanto, las cuatro empleadas señalan que su trabajo en la oficina central se limita a labores clericales, principalmente contestar llamadas sobre el programa Puerto Rico Responde, el cual indicaron está paralizado. No obstante, en las últimas semanas fueron asignadas a retomar trabajos de coordinación comunitaria en sus regiones, asignando tres comunidades a cada una.

En Puerto Rico hay más de 500 comunidades bajo el proyecto de Comunidades Especiales. Las cuatro organizadoras indicaron que durante estos últimos dos años no han podido atender sus respectivas comunidades y señalaron que la administración de ODSEC tampoco ha desarrollado un plan de trabajo para todas.

Aun así, las cuatro coinciden que sus dificultades se remediarían si la Administración las devuelve a sus respectivas regiones, recordando además, que al ser contratadas por la agencia fueron asignadas a las regiones cercanas a sus hogares.