Luego de dos años de investigación, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) informó que la agencia no tiene jurisdicción sobre la licenciada Nydia Cotto Vives, actual presidenta de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

La pesquisa etica contra Cotto Vives se basó en un memorando de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico del 2012, en el cual se afirmó que la Presidenta del Panel incurrió en conflicto de intereses al intervenir en dos instancias en comunicaciones entre la entidad fiscalizadora y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

En ese momento Cotto Vives asesoraba al entonces administrador de ADSEF, Esteban Perez Ubieta, quien al presente enfrenta un proceso judicial por fraude, archivo de documentos falsos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, falsedad ideológica e intimidación.

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Según el tracto histórico relatado por Ética, Cotto Vives contaba con una dispensa del Estado para laborar como contratista de ADSEF y aún no había sido confirmada para presidir la OPFEI.

'La Oficina de Ética no tiene campo de acción sobre la licenciada Cotto Vives en la medida en que no hay un vínculo que yo pueda atar el sombrero de Cotto Vives, presidenta del panel del FEI, a las funciones que se le adjudican como contratista', explicó Luis A. Perez Vargas, subdirector ejecutivo de la agencia.

'Si ustedes me dicen que ella representa a Esteban Perez Ubieta personalmente, pues claro porque está utilizando otra función que es contrario al mandato de la Ley del FEI. Ahí podría, pero las acciones que ella realizó, porque eran las acciones que le facultaba su contrato, en ese punto quien tiene que ver con ese contrato es el Código de Ética y el contratista, que la oficina de Ética Gubernamental no administra', señaló el Subdirector Ejecutivo.

En ese aspecto, Ética enviará un referido a la ADSEF para que inicie una pesquisa al amparo de la Ley 82, la cual responsabiliza a las agencias a fiscalizar a sus contratistas.

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No obstante, Perez Vargas dejó la puerta abierta para reabrir la investigación contra Cotto Vives --y cualquier funcionario-- en caso de que surja nueva evidencia que compruebe la comisión de delitos administrativos, pues este tipo de violación no prescribe.

Perez Vargas asumió el liderato de la pesquisa desde su inicio en el 2016 porque la actual directora ejecutiva, Zulma Rosario Vega, se inhibió de este análisis en junio de ese año por su vínculo cuasi familiar con Cotto Vives.

Es por eso que durante la conferencia de prensa, Perez Vargas recalcó que la relación entre ambas funcionarias no jugó un papel en la conclusión de no jurisdicción por parte de Ética, pues de acuerdo al Subdirector, 'si Nydia Cotto Vives me veía ayer en la acera, no sabía quien yo era' y 'yo no me debo a Zulma Rosario. Yo me debo al cargo que asumí'.

La determinación de Ética surge una semana despues de que el Tribunal de Primera Instancia no encontrara causa para arresto contra la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, por una alegada intervención indebida imputada por la OPFEI.

Los sucesos se entrelazan en la medida en que durante estos meses Vázquez Garced y Cotto Vives destaparon la guerra abierta que existe entre sus agencias por viejas riñas relacionadas tambien relacionadas a contrataciones públicas.

Ética defiende tardanza de dos años

Al comenzar su exposición, Perez Vargas justificó el hecho de que Ética se haya tardado dos años en llevar a cabo la pesquisa, al aludir a que las denuncias contra Cotto Vives, tienen su base en el caso de Perez Ubieta que actualmente se ventila en los tribunales.

Basado en el resumen cronológico, el informe de Contraloría culminó en el 2012 y sus hallazgos fueron referidos a Justicia en el 2014.

El entonces secretario de Justicia, Cesar Miranda Rodríguez, tambien se inhibió de la investigación porque tanto el como Cotto Vives formaban parte del equipo anticorrupción del Gobierno de Puerto Rico.

El 8 de junio de 2016, Justicia comunicó que, a su entender, los elementos descritos contra la Presidenta del FEI no eran constitutivos de un delito, pero compartió con OEG una serie de interrogantes que la agencia podía analizar.

'No se por que el afán de nuestros dos años para algunas personas en decir que los dos años fueron un termino, cuando es un caso complejo como este que tuvo repercusiones penales federales, penales locales y los dos años del Contralor no es duda, los dos años de Justicia no es duda y los dos años de Ética les surge la duda', argumentó Perez Vargas.

De acuerdo al funcionario, Ética no engavetó la pesquisa, sino que se tomó el período facultado por ley para culminar la investigación.

Los cuestionamientos de dilaciones surgen, además, porque Ética lleva a cabo un proceso de investigación en contra de Vázquez Garced, según referido por La Fortaleza este año y que aún no ha finalizado.

En una entrevista previa con este medio, la Directora Ejecutiva de la OEG aludió a que La Fortaleza realizó el referido en el segundo trimestre del año en curso. Sumado a eso, y a modo de prever una dilación, Rosario Vega apuntó a que su agencia actualmente cuenta con más de 700 investigaciones activas y solo diez abogados, número que fluctúa con los traslados a la práctica privada.