Aunque el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la medida que revisaría las solicitudes de 11,600 empleados públicos que solicitaron el pre-retiro desde hace tres años, a su vez envió una consulta escrita a la Junta de Control Fiscal (JCF) para que evalúe si su implementación es viable.

Rosselló Nevares aseguró que la puesta en práctica de esta medida conllevaría un gasto de $40 millones para el Gobierno, razón por la cual cursó una carta a la entidad financiera, quien en más de una ocasión ha impuesto su parecer respecto a iniciativas de índole fiscal.

'Hay unas consideraciones fiscales. Nosotros le enviamos notificación a la Junta de Supervisión Fiscal sobre el asunto del pre-retiro, pero ciertamente todavía no hemos tenido una contestación final. Ausente eso, he ido hacia adelante con la firma del proyecto. No obstante, continuamos en espera porque hay un impacto fiscal significativo del cual se tuviese que tomar una consideración', expresó Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

La medida, aprobada por la Legislatura en forma del Proyecto del Senado (PS) 1131, ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a revaluar antes del 31 de enero de 2019 las solicitudes de los empleados públicos que buscaban acogerse al pre-retiro mediante la ahora derogada Ley 211 de 2015. El estatuto creó el Programa de Preretiro Voluntario, que permitía la retirada voluntaria de empleados de hasta 61 años de edad con una pensión equivalente al 60% de su retribución promedio.

Aunque la medida fue sustituida en el 2017 por la Ley 106 --llamada Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos--, el nuevo mandato garantizaba todos los derechos y las obligaciones de aquellos que iniciaron el proceso de pre-retiro.

Bajo esos estatutos, por ejemplo, se estimó que 320 empleados del Departamento de Hacienda cualificaban para acogerse al programa, mientras que en el Departamento de Recreación y Deportes habían 238 solicitudes aprobadas. Las altas cifras se replicaron en las demás agencias.

No obstante, el Gobierno ha incumplido ese acuerdo al detener las solicitudes de los empleados que ya habían recibido el aval de sus respectivas agencias en años previos, lo que provocó protestas y llevó a la aprobación del PS 1131 por petición de los empleados y de la autoría de Migdalia Padilla Alvelo y Lawrence 'Larry' Seilhamer Rodríguez.

De acuerdo a los favorecedores de la medida, la iniciativa redundaría en ahorros millonarios para el Gobierno. De los cálculos compartidos en una de las vistas públicas de la medida, se desprende que una agencia con 204 personas cualificadas para acogerse al pre-retiro pagaría $63,576,902 por un período de 16 años. Esa cifra representa una economía de más de $36 millones comparado con el gasto que se incurriría para asegurar la permanencia de esos empleados en la nómina.

'Es un proyecto que representa grandes economías desde el primer año que se implemente el programa y es un proyecto que va con la política pública del Gobernador. Tiene unas proyecciones millonarias de ahorro', aseguró Enilda Mundo Flores, quien labora en la Administración de Servicios Medicos (ASEM) y es portavoz de estos empleados.

El jueves en la tarde, un grupo de empleados públicos se dieron cita a los predios de La Mansión Ejecutiva a modo de vigilia silente para solicitar la firma de la medida.

Del mismo modo, los empleados han afirmado que avalar su retiro iría a tono con otros esfuerzos promulgados por Rosselló Nevares, como el Programa de Transición Voluntaria, el cual permite que los empleados públicos se trasladen al sector privado o al tercer sector. Al formar parte de este programa, los empleados devengarán su salario como servidores públicos por un período de seis meses antes de desligarse por completo del Gobierno.