Mientras Puerto Rico sufría el embate del huracán María el 20 de septiembre de 2017, el presidente de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR), Rafael Batista Cruz, firmaba un contrato de $80,000 para garantizar la transmisión de los mensajes del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, a un país sin energía electrica.

El contrato fue otorgado a una compañía cuyos lazos con el presidente Batista Cruz son cuestionados por miembros de la Junta de Directores de la corporación así como empleados del canal en medio de una precaria situación fiscal. No obstante, la gerencia de WIPR prefiere achacar la crisis a la Junta de Control Fiscal (JCF) por ordenar recortes presupuestarios que desestabilizan las operaciones diarias, y más recientemente, apuntar a una privatización.

Sin embargo, reuniones de la Junta de Directores de la corporación revelan las discrepancias sobre el uso eficiente del presupuesto disponible.

Un contrato huracanado

El contrato a EBTV, LLC durante el huracán María no fue el primero ni último convenio de la empresa con WIPR. Incluso, la discusión sobre la empresa cobró protagonismo durante al menos dos reuniones de la Junta Directiva ya que, según los reclamos, la empresa fue elegida para proveer servicios de transmisión bajo la premisa de una subasta falsa.

Según documentos en posesión de NotiCel, EBTV, LLC proveía los servicios a un costo más bajo que otras dos empresas. No obstante, existía la preocupación de que la competencia no contaba con las herramientas necesarias para participar propiamente de la subasta.

Living Legends Enterprises, por ejemplo, ha tenido contratos con el Gobierno en áreas de relaciones públicas, fotografía, grabación, edición de vídeos así como artes gráficas, no tanto así una transmisión HD, como Batista Cruz insistió necesitaba WIPR.

Mientras, Hydra Communications tuvo contratos con WIPR entre 2003 y 2015 por concepto de la compra de equipo, servicios de radiodifusión y tasación, y servicios tecnicos. Según el Departamento de Estado, la empresa no refleja actividad desde el 2015, previo a la celebración de la subasta.

Durante el cónclave del 20 de junio de 2018 el actor y miembro de la Junta, Braulio Castillo, hijo, cuestionó si en efecto esas eran las únicas tres empresas que cotizaron. Más adelante dio a entender que conocía de una cuarta compañía que no fue incluida en la lista, entre otros señalamientos recibidos a traves de un correo electrónico.

El actor pidió un plazo para airear la incertidumbre que le impedía votar a favor del contrato de EBTV, por lo que el presidente Batista Cruz fue excusado del salón y la transmisión de la reunión fue cortada. En la grabación de la misma, se nota que la conversación fue editada. Al reanudar los trabajos, Pedro Rúa Jovet, quien representaba al Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), instó a los demás miembros de la Junta a votarle en contra a EBTV. Al enfrascarse en una discusión sobre su rol en la junta sin derecho al voto, se levantó de su asiento en señal de molestia y se marchó.

'Mi trayectoria ha sido limpia durante 35 años en televisión y no solo en este canal, sino canales comerciales donde el presupuesto sobrepasa los 50 millones de dólares', defendió Batista Cruz, quien subrayó que de no contratar a EBTV se vería obligado a cesar las transmisiones de todos los eventos deportivos y culturales.

Al otro lado de la mesa, se encontraba la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Adriana Sánchez Pares, y el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Carlos Ruiz Cortes, quienes forman parte de la Junta de Directores.

La votación registró un solo voto a favor, por lo que fue derrotada la moción. Aun así, el Presidente de WIPR insistió en una reconsideración al recalcar que las transmisiones 'culturales, las deportivas, todas, las tengo que detener'.

Empleados de la corporación pública --quienes prefirieron no ser identificados-- señalaron a este diario digital que Batista Cruz y Efraín Oliver Velez, presidente de EBTV, LLC, gozan de una amistad dentro y fuera del entorno laboral.

Antes de fundar la empresa, Oliver Velez laboró en WIPR y fungió como representante de los empleados tecnicos de la estación en Mayagüez (WIPM) en algunos eventos, como la celebración del 60mo aniversario de WAPA Televisión en el 2014.

Oliver Velez y Batista Cruz, relataron los empleados, produjeron la actividad de los servidores públicos afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) del 1 de febrero de 2015 por concepto de $8,000. En ese tiempo, Rosselló Nevares era aspirante a la Gobernación. En esas fechas tambien surgen donaciones de ambos a candidatos de la Palma.

El 22 de diciembre de 2016, Rosselló Nevares nombró a Batista Cruz a la presidencia de WIPR. Un mes despues, la empresa de Oliver Velez ostentaba un contrato de asesoría en la agencia a un costo máximo de $16,500. Más adelante, fue enmendado para quedar en $61,500.

La empresa continúo con acuerdos del 19 de julio al 31 de octubre de 2017, sumado al contrato de transmisiones de los mensajes del Gobernador durante la emergencia dejada por el huracán.

En sus labores de asesoría, la empresa podía facturar al menos $21.43 la hora, mientras que podía rentarle su unidad de 'uplink' y la unidad móvil de televisión a WIPR cuando fuera necesario por un tope ascendente a $37,800. En todas las instancias, de acuerdo al Registro de Contratos de la Oficina de la Contralora, los acuerdos fueron enmendados para incrementar las sumas.

Actualmente, EBTV, LLC cuenta con un contrato hasta el 15 de marzo de 2019 con WIPR por concepto de alquiler de satelite para distintos eventos con un tope de $40,000.

En total los cuatro contratos de EBTV por espacio de poco más de un año, y sus respectivas enmiendas, rondan los $357,100.

NotiCel intentó comunicarse con Batista Cruz, pero los mensajes no pasaron de la secretaria de su oficina.

En la reunión de la Junta de Directores de WIPR del 25 abril de 2018 se trajo a colación durante el Informe del Presidente una renovación de contrato a EBTV. Confundidos, los miembros del equipo de trabajo pidieron atender el asunto en una próxima reunión ya que no se encontraba en la agenda de discusión.

Malabares del presupuesto

El panorama tetrico pintado por Batista Cruz durante la reunión de junio pareció disiparse en el próximo encuentro, con fecha del 21 de agosto de 2018, cuando se discutió la preocupación sobre la continuidad de las operaciones del canal --ante los recortes presupuestarios impulsados por la JCF-- y la capacidad para contratar servicios.

Entre las medidas abordadas, salió a relucir que varios contratos de la corporación pública habían sido modificados para rendir el presupuesto, uno que fue disminuido por la JCF en un 50% mayor a lo esperado. No obstante, se pasó por alto la mención al contrato de EBTV, cuyo tope ascendía a $375,000, y solo se dejó saber que se firmaría 'si lo necesitamos', contrario a la reunión anterior.

En cambio, las expresiones en torno a otros convenios fueron más categóricas: se afirmó que los contratos de seguridad (Eagle Task Force, $308,763), telefonía (Claro PR, $99,907) y de la fotocopiadora (Ricoh, $13,097) enfrentaron reducciones para ajustarse a los confines del nuevo presupuesto.

El presupuesto solicitado por WIPR a la Asamblea Legislativa se fijó en $14 millones pero, tras la mediación de la Junta, la cantidad recibida fue $6 millones. De esa cifra, un millón de dólares estaban comprometidos para el pago de pensiones de los empleados, por lo que debían 'operar el canal con cinco millones dólares' y no sabían cómo bandearse.

'No se puede hacer nada ni contratar a nadie', declaró el entonces presidente de la Junta de Directores, Rafael Pagán González.

De acuerdo a Rúa Jovet, la programación de WIPR no debía verse afectada porque era subvencionada con fondos federales provenientes del Corporation for Public Broadcasting (CPB). Sin embargo, en la reunión del 30 de octubre de 2018, se retomó el asunto y se reiteró que --pese a que se trataba de fondos federales-- la JCF tenía injerencia sobre ese dinero.

En ese cónclave, el secretario del DDEC, Manuel Laboy Rivera, cuestionó la contratación de KOI Americas por $175,000 como auspiciador. Era su primera participación en una reunión de este grupo. La preocupación del funcionario surgió porque la reconocida empresa --encargada de las relaciones públicas de Rosselló Nevares y otros miembros de su Administración-- mantenía contratos con el Gobierno y otras agencias, y desconocía si el contrato levantaría disputas eticas.

Tanto el Presidente de la Junta de Directores como el Presidente de WIPR explicaron que necesitaban $133,523 para sufragar el segmento de AccuWeather en el canal, uno para el que previamente no habían encontrado los fondos. La empresa Claro se convirtió en auspiciador del segmento al aportar $80,000. Luego llegó el dinero en demasía de KOI, cuyo sobrante sería utilizado 'en una serie de anuncios y cosas', según Batista Cruz.

Luego de las discusiones en agenda, Batista Cruz solicitó que se apagara la transmisión pública y la reunión continuó. Esa es la última reunión disponible en el portal de WIPR.

María causó daños ascendentes a $175,000 las instalaciones de WIPR. Ese gasto no fue catalogado como prioridad por la Junta de Directores de la corporación porque no contaban con los fondos para atenderlo, salvo que la compañía aseguradora pagara.

El pasado mes de octubre varios senadores denunciaron un misterio con fondos del Taller Dramático de Radio, transmitido por WIPR 940 AM, una de las emisoras que componen la corporación pública. En ese momento, se desconocía el paradero de un dinero sobrante y tampoco se había contratado nuevamente a los artistas.

Bajo la sombra de contratos como estos, una infraestructura que aún no ha sido arreglada tras los daños del fenómeno atmosferico y una Junta de Directores coja de cinco miembros, WIPR fue puesta en la mirilla de la privatización por la JCF. Entre los argumentos que esbozó la entidad a cargo de las finanzas de la Isla, es que la transferencia a una fundación sin fines de lucro incrementaría las oportunidades de desarrollo de la corporación.

A su vez, la protegería de intereses político partidistas y liberaría al Gobierno de esa asignación presupuestaria, una que podría ser destinada al aumento salarial a policías, maestros y empleados del Negociado de Ciencias Forenses.