A un mes de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares asegurara que el Departamento de Hacienda solicitó una opinión legal externa que permitió a principios de este cuatrienio contratar nuevamente a OPG Technology para manejar la venta digital de sellos y comprobantes, ninguna agencia ha podido proveer el documento.

En los primeros meses de la administración Rosselló, se decidió llegar a un nuevo acuerdo con la empresa pese a la existencia de dos opiniones legales emitidas en 2014 por el Departamento de Justicia que declaraban nulo e ilegal el contrato para el establecimiento y operación del sistema de sellos y comprobantes en la agencia. Ambas opiniones recomendaban, incluso, que Hacienda debía recuperar los fondos desembolsados.

Aunque el gobierno le llevaba la delantera en un caso judicial contra la compañía y sin que Justicia haya emitido una opinión que establezca lo contrario, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado llegó a un acuerdo con el contratista Orlin P. Goble Colón, de la empresa OPG Technology Corp., para restablecer el contrato por 10 años que tendrá ganancias de hasta 43.8% a razón de $400,000 al mes.

El pasado 4 de febrero, Rosselló Nevares aseguró el Departamento de Hacienda solicitó una opinión externa y contó con la asesoría legal de Justicia para entrar en el nuevo acuerdo porque corrige los graves señalamientos.

Desde ese día NotiCel ha solicitado a las agencias concernidas la opinión legal externa, que el primer mandatario en varias ocasiones durante la conferencia de prensa señaló estaría disponible. Ni el Departamento de Hacienda ni el Departamento de Justicia han podido proveer la opinión.

Tras solicitar diariamente el documento, no fue hasta el 19 de febrero que Hacienda refirió a este diario al Departamnto de Justicia. Desde esa fecha y hasta el cierre de esta edición la agencia no ha enviado la opinión legal externa. El pasado viernes, Justicia envió en su lugar una copia de la primera opinión legal de 2014 que declara ilegal el contrato con OPG Technology.

La opinión legal externa tampoco figura entre los documentos entregados por Justicia a la Comisión de Nombramientos del Senado que evaluó del nombramiento del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. Según surge del informe emitido por la comisión legislativa, Justicia sometió las dos opiniones legales emitidas en enero de 2014 por el entonces secretario interino de Justicia Rafael Ortiz Carrión y en junio de ese año firmada por el entonces secretario de la agencia, Cesar R. Miranda.

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La venta de sellos digitales comenzó en 2001 mediante contrato con una compañía privada. En 2006, Hacienda, como dueño del proceso, decidió buscar propuestas para un sello más seguro. Aparecieron Evertec y OPG, llevándoselo OPG en 2007 mediante un contrato de 'agente de venta' que le requería desarrollar una plataforma digital para la compra y cancelación de los sellos.

Tras las opiniones legales de Justicia y al vencer el contrato, Hacienda decidió inaugurar su propio sistema de venta de sellos. OPG les notificó que no podían continuar porque violaban sus derechos de autor sobre el programa de 'Sellos y Comprobantes'. Hacienda demandó a OPG y la empresa le ripostó diciendo que el Departamento le afectó su negocio porque le había 'robado' el programa de ventas digital.

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En septiembre de 2016 el magistrado federal Bruce McGiverin determinó que OPG no tenía razón en prácticamente nada de lo que alegaba. En el balance, el juez estableció que OPG no tenía posibilidad de ganar en su argumento de violación de derechos de autor mientras que el pueblo de Puerto Rico, a traves de Hacienda, sufriría daños si se le reconocía exclusividad de venta digital a OPG porque eso limitaría las posibilidades del gobierno generar ingresos a traves de ese tipo de venta de sellos.

El caso siguió su trámite hasta enero de 2017, cuando a pocos días del cambio de administración OPG pidió a Hacienda una reunión para transigir el caso, transacción que dio por terminado el pleito en marzo de ese año.