Serias irregularidades administrativas, como la otorgación de contratos no autorizados y aumentos de salario indebidos, imperaron durante el 2017 en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) según los hallazgos contenidos en el informe final del Comite de Transición 2018.

El informe señala que la expresidenta interina de la Comisión, María D. Santiago Rodríguez, otorgó indebidamente dos contratos sin contar con fondos, lo que puso en precario las finanzas de la CEE.

Santiago Rodríguez, tambien conocida como Lolin, salió de la CEE por choques con la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, y fue recogida en el Senado por su presidente Thomas Rivera Schatz como jefa de Recursos Humanos. Santiago Rodríguez fue la testigo principal en contra de Burgos en un informe senatorial sobre la CEE. Es, además, una de las personas más cercanas al presidente legislativo, habiendo trabajado con el desde que el funcionario era comisionado electoral del PNP. Su salario es uno de los que el Senado esconde, a pesar de habersele solicitado durante meses a traves de distintas oficinas.

El informe concluye que al menos en dos ocasiones, la entonces presidenta interina autorizó indebidamente el pago de contratos a la jefa de Finanzas de la CEE. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2017 y enero de 2018.

'En la primera ocasión conllevó el desembolso de fondos públicos para el pago de servicios no obligados en las partidas presupuestarias. Sin embargo, en la segunda ocasión no fue finiquitada la contratación debido a la intervención a tiempo de la Oficina de Administración', según detalla el informe. La Oficina de Administración tomó acción del contrato por servicios legales al conocer que los comisionados electorales del PNP y del Partido Popular Democrático (PPD) no habían cobrado en diciembre de 2017 debido a insuficiencia de fondos en la cuenta asignada.

Aunque la cuenta tenía los fondos obligados para pagar a ambos funcionarios de julio hasta diciembre de 2017, no se pudieron emitir los pagos tras desembolsar el pago de un contrato de servicios legales adscrito a la Oficina de la Presidencia Interina, o lo mismo que un abogado que daba servicio directo a Santiago Rodríguez. El contratista no es mencionado por nombre en el informe.

El informe señala que el contrato no podía ser procesado ya que fue autorizado verbalmente por Santiago Rodríguez y la cuenta para pagar dicho contrato tambien fue asignado verbalmente por la jefa de Finanzas, lo que le correspondía a la Oficina de Presupuesto.

Tambien se desprende del informe que la directora de la Oficina de Asuntos Legales entregó evidencia de una conversación escrita entre ella y este contratista en la que le comunica que la jefa de Finanzas, Sonia Sanjurjo, había asignado la cuenta para que fuera a firmar el contrato. De acuerdo con el tracto de la conversación, ni siquiera sabía la cuantía de lo contratado. 'Además, en esta comunicación la Directora de Legales le indica que pase a firmar el contrato y en respuesta a una interrogante del contratista, le informa la cuantía. El contratista asevera que entregará la factura correspondiente a dicho contrato al momento de firmarlo', lee el informe de transición. Es decir, el informe pinta un trámite en el que un contratista somete su factura el mismo día en que se firma el contrato bajo el cual haría el supuesto trabajo por el que sometió la factura y se le paga de una cuenta asignada verbalmente y cuyo desembolsó conllevó que quedaran en el aire pagos a los propios comisionados electorales.

Tambien, la Oficina de Finanzas otorgó un aumento de nómina a un empleado sin la autorización de la Oficina de Presupuesto. Posteriormente, el aumento fue denegado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) pero el empleado ya había recibido el dinero, por lo que según el informe, se requiere una acción para recobrar lo pagado en exceso.

El documento concluye que la CEE incurrió en pagos excesivos de nómina a exempleados al no tener actualizados los balances de licencias de sus empleados. Entre los años fiscales 2016-17 y 2017-18 se otorgaron aumentos salariales y nombramientos autorizados por la entonces presidenta de la CEE, Liza García, sin el debido proceso de autorización de la OGP.

Debido a esta falta de controles fiscales, la agencia proyectaba un deficit de $1.9 millones solo en su partida para pagar la nómina para el pasado año fiscal.

De acuerdo con el informe final, la Oficina de la Presidenta Interina no entregó su propio informe de rendición de cuentas, pero Santiago Rodríguez fue entrevistada por el Comite.

Según los hallazgos, bajo la incumbencia de Liza García se enmendaron contratos de servicios profesionales par extender su vigencia sin tener los fondos asignados. Los contratos fueron facturados y a esa fecha no habían sido pagados.

En el caso de Santiago Rodríguez, el informe reitera como señalamiento haber enmendado el contrato de servicios legales sin justificación escrita y sin tener los fondos para ello. El documento señala que la Oficina de Auditoría Interna tiene dos investigaciones pendientes que incluye el registro de asistencia del director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIP). Algunas de las divisiones de la CEE no entregaron sus informes de transición, por lo que no pudieron ser evaluadas.

Con una proyección de deficit de $12.7 millones, la CEE cerró el 2017 con varios contratos vigentes de mantenimiento y alquiler de edificios sin asignación presupuestaria y con su cuenta en negativo. El informe final fue referido a la atención del expresidente interino de la CEE, Nicolás Gautier, desde el 9 de febrero de 2018 quien lo refirió a la atención del Comite de Comisionados Alternos. Por su parte, el nuevo presidente de la CEE, Juan E. Dávila Rivera, encomendó su propia auditoría a la manera de un 'borrón y cuenta nueva'.

'El Presidente Dávila encomendó un informe de transición por oficina, propio e independiente al del Juez (Rafael) Ramos Sáenz (expresidente de la CEE)', había dicho Dávila Rivera en declaraciones escritas a su llegada a la CEE a finales del pasado año.

Posteriormente, en entrevista con NotiCel, el presidente de la CEE dijo que del nuevo informe de transición no se desprenden irregularidadades. 'No tengo ningún documento que diga que hubo alguna irregularidad', aseguró.

Según fuentes de la CEE es la primera vez que se configura un Comite de Transición ya que, por decadas, el proceso regular había sido que el nuevo presidente recibiera un informe del saliente.

El documento es firmado por el presidente del Comite de Transición saliente, Ángel L. Rosa Barrios y el Dr. Yoniel Arroyo Muñiz que presidió el Comite de Transición entrante. Arroyo Muñiz fue parte del escándalo del chat de WhatsApp en el que participó el exjuez Ramos Sáenz.