Pese a que la administración de Ricardo Rosselló Nevares insiste cumplió con los requisitos especiales exigidos por el Departamento de Vivienda Federal (HUD) para el uso de fondos del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR), esas normativas se quedan cortas en explicar cómo funcionará el componente de reubicación de hogares.

Según señaló la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), el programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) -develado el lunes por el Gobernador- no cuenta con una guía que detalle requisitos de elegibilidad, restricciones y el metodo de implementación del programa. Según la licenciada Ariadna Godreau, la única guía producida por el Departamento de la Vivienda (DV), la Guía Intersectorial, carece de los detalles que solicitó HUD y no provee una ruta clara sobre cómo se ejecutará el programa R3.

'Se supone que la guía detalle cada programa, así que se crea para el proceso CDBG-DR… pero en Puerto Rico esa guía no cumple. No detalla programas, es una guía estándar, copy paste (copiado y pegado)', indicó Godreau a NotiCel.

Más aún, el Plan de Acción sometido por el DV -que supone delinear cada programa que recibirá fondos CDBG-DR- establece una serie de requisitos de elegibilidad generales que no aclaran dónde se reubicarán aquellos ciudadanos que se acojan a esta opción o dónde permanecerán en caso de una reconstrucción del hogar. La Guía Intersectorial tampoco abunda sobre estos detalles dentro sus 32 páginas de extensión.

Durante el anuncio del programa R3, Rosselló Nevares indicó que la elegibilidad a este programa está abierta a todo ciudadano de ingresos bajos o moderados y cuya residencia primaria haya sido afectada por el huracán María. Los propietarios de hogar podrán recibir hasta $60,000 para la reparación de la vivienda, $150,000 para reconstrucción de hogares en lugares no peligrosos y $150,000 en asistencia para aquellos que opten por reubicarse y que vivan en zonas inundables o susceptibles a derrumbes.

Sobre reubicaciones de personas que residen en zonas de riesgo, Godreau puntualizó que ni las guías, ni el DV han explicado el procedimiento de cómo funcionará, particularmente a que áreas se reubicarán. Del mismo modo, la agencia no ha detallado el tratamiento para personas sin título de propiedad que viven en zonas de riesgo, particularmente si serían elegibles a estos programas. Según datos de ALPR, unas 250,000 viviendas podrían quedarse sin asistencia alguna de persistir la omisión sobre cómo se manejarán estos casos.

La situación puede agravarse en la medida que el DV determine negar asistencia de reparación o reconstrucción para dejar al dueño del hogar con la reubicación como único remedio, práctica que podría desalojar comunidades enteras. Para Asistencia Legal, la mitigación de riesgos de inundación o derrumbes resulta más favorable, sin embargo, el DV tampoco considera esta opción dentro el programa R3.

'Esas guías, cuando tú las revisas, están cumpliendo con requisitos mínimos que no detallan al grano que es lo que tienen que hacer en cada programa. Cuando tú ves que todos estos fondos con estos requisitos se tienen que detallar. Aquí es donde se van a reubicar, cuáles son los criterios para reubicar, cual es el límite para reubicar…. Entonces es sumamente importante que esas guías se publiquen porque lo que hay ahora mismo no es suficiente. El plan de acción no es suficiente tampoco para habilitar este programa', sostuvo por su parte Paula Fournier Del Valle, tambien abogada comunitaria en ALPR.

'La gente que vive en zonas inundables, 250,000 viviendas, no se pueden reubicar todas. Hay gente que viven en zonas de peligro y hay que relocalizarlas, pero hay gente que viven en lugares mitigables', indicó Godreau. 'Nuestra exigencia es que el gobierno adopte guías de implementación claras para que personas tengan acceso a fondos aun si viven en zonas inundables y que sea claro y transparente', insistió.