Pese a llamados del sector industrial y legisladores para que la Fortaleza intervenga en la fusión de las navieras Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC), la gobernadora Wanda Vázquez Garced sentenció que se mantendrá al margen de ese acuerdo por tratarse de una movida entre entes privados.

'El gobierno no interviene en esa fusión. Sí el Federal Maritime (Commission) está vigilante de esa unión que no sea perjudicial ni para el pueblo ni para las obras que se desarrollan en los puertos. De toda manera no me expreso adicional porque sé que hay una investigación, una evaluación que se está haciendo en el Departamento de Justicia (DJ) en la división de monopolios', expresó Vázquez Garced.

Horas antes, durante la mañana del martes, un grupo de industriales organizado bajo el nombre 'Junte de Voluntades' advirtió que la propuesta consolidación entre PRT y LAC resultará en la creación de un monopolio en el negocio de acarreo marítimo de toda la mercancía que llega a Puerto Rico. Esto posibilita cambios en las tarifas de transporte de carga y en los convenios de empleados portuarios, lo que redundaría en precios más altos para virtualmente toda mercancía que entra a la Isla por los puertos.

Tal como señaló la gobernadora, el propuesto acuerdo está bajo evaluación por la Comisión Marítima Federal (CMF), entidad que formalmente consignó sus preocupaciones con el acuerdo por el impacto que tendría sobre el mercado. En un comunicado de prensa, la CMF declaró que una vez las empresas se consoliden en lo que sería Puerto Nuevo Terminals (PNT), 'la resultante disminución en competencia podría producir una reducción irrazonable en servicios de transportación o un aumento irrazonable en los costos de acarreo'.

Además de PRT y LAC, la única otra naviera que sigue disponible en el mercado es Crowley, que según el Junte de Voluntades, controlaría a penas el 20% del mercado de acarreo marítimo. De autorizarse la consolidación por la CMF, PNT controlaría ese 80% del mercado de carga y 11 de las 14 grúas que desembarcan los furgones que traen las barcazas de estas empresas.

La propuesta consolidación también cuenta con la oposición del representante José Aponte Hernández, quien previamente solicitó a la gobernadora a intervenir en el asunto, señalando que el resultado de la fusión crearía un monopolio de servicios portuarios, perjudicando la economía local. Aponte Hernández también emplazó al director de la Autoridad de Puertos (AP), Anthony Maceira, a que se oponga a la consolidación ante la CMF.

En cuanto al desempeño de Maceira con el acuerdo, Vázquez Garced dijo: 'Es que él no interviene en ese acuerdo, no intervino para nada en ese acuerdo. Son dos entidades privadas que se unieron con relación a unas funciones que ellos realizan allí. Así que el licenciado Maceira no tuvo nada que ver'.

De hecho, la política de no intervención de Vázquez Garced se extendió también al propuesto acuerdo entre las empresas de combustible Empire Gas y Puma, el cual podría resultar en un aumento en los precios de gas. Sobre esa controversia, la Gobernadora indicó que ese acuerdo está bajo evaluación por la División de Monopolios del DJ para garantizar que no haya un aumento de precios.

Persiste manías de Vázquez Garced de no intervenir

La postura de no intervención de Vázquez Garced no se limitó a la consolidación, pues asumió una postura idéntica con otra controversia relacionada al convenio de los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Luego que la secretaria de la gobernación, Zoe Laboy, sostuviera una reunión a principios de mes con el liderato de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER), hasta el momento las conversaciones, dirigidas a promover un aumento salarial a los celadores de la corporación pública, no han progresado.

Vázquez Garced, por su parte, manifestó hoy martes que: 'El acuerdo de los celadores, pues eso es un acuerdo entre la AEE y la unión. Nosotros no vamos a intervenir eso es una relación entre ellos'.

Una y otra vez, desde que ocupaba la jefatura del DJ, Vázquez Garced ha eludido de manera selectiva sus obligaciones ministeriales, particularmente en asuntos que involucran otros funcionarios de la administración de gobierno que ensambló su predecesor, Ricardo Rosselló Nevares. La investigación sobre intervenciones indebidas en la Junta de Cannabis Medicinal y la filtración de un mensaje de texto entre Vázquez Garced y el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, en la que la entonces secretaria de Justicia pide al funcionario a no ponerla en posición de investigar la controversia supone ser el ejemplo más claro de la postura de no intervención que la hoy gobernadora ha asumido durante este cuatrienio.