'Siendo Puerto Rico una isla que depende del transporte marítimo para todo su comercio y su viabilidad económica y alimentaria, resulta un escándalo bochornoso el que la Autoridad de los Puertos haya convenido el control del 100% de los muelles en San Juan, precisamente, con varias empresas navieras que luego del paso del huracán María se opusieron a que barcos con bandera internacional trajeran mercancías a Puerto Rico', denunció el licenciado Mark Anthony Bimbela como portavoz del colectivo 'Junte de voluntades' durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas, en Miramar.

El grupo que aboga por la eliminación de las leyes de cabotaje tambien emplazó hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que desautorice al director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira, en el acuerdo que fusionaría las empresas de transporte marítimo Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC), bajo el nombre de Puerto Nuevo Terminals (PNT), concediendo la operación total de los muelles de San Juan.

Bajo este nuevo acuerdo, conocido como el 'Agreement No. 201292', PNT manejaría aproximadamente el 80% de la carga marítima que llega al puerto en contenedores, y 11 de las 14 grúas en el Puerto de San Juan, mientras que Crowley se quedaría con el restante 20% y solo tres grúas.

A ambas empresas, se les ha señalado por ponerse de acuerdo para fijar precios y oferta en la carga marítima domestica.

'Es inverosímil que, despues de semejante historial de abuso, la Autoridad de los Puertos les recompense con en el control absoluto del Puerto de San Juan', indicó por su parte el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes.

En Puerto Rico, la operación de los terminales portuarios, contaba con cuatro empresas: Intership, Tote Maritime y Crowley, y Luis Ayala Colón (LAC), que da servicio a barcos internacionales y otras navieras más pequeñas.

En el 2016, Tote se hizo del control de la parte del muelle de Puerto Nuevo que operaba la empresa Intership mediante acuerdo colaborativo bajo el nombre de PR Terminals. Ahora, Tote continúa su expansión suscribiendo el 'Agreement 201292'. Esto reduce el número de operadores de terminales en San Juan a dos, uno operando los muelles en la zona de Puerto Nuevo y otro, Crowley, operando los muelles localizados en la zona aledaña a la isleta de San Juan.

Con dos transacciones carentes de transparencia o discusión pública, la Autoridad de los Puertos está entregando el futuro económico de la isla a las mismas empresas que además admitieron violar las leyes de monopolio para hacer daño a la economía local y consumidores entre 2011 y 2012.

Por tratarse de una transacción monopolística, el acuerdo fue sometido por las empresas participantes ante la Comisión Marítima Federal (CMF) para que determinase si le aplicaba alguna de las excepciones que la ley marítima federal otorga a ciertas prácticas, que de otra forma, serían violaciones a las leyes de monopolio.

El organismo expresó la semana pasada tener 'serias preocupaciones' por los efectos del acuerdo, y sus comisionados no se pudieron poner de acuerdo en si la agencia tenía jurisdicción.

Los terrenos donde ubicarán las operaciones de estas dos empresas son propiedad del pueblo de Puerto Rico, así como parte de la infraestructura que allí se encuentra. 'Este hecho le permite al Gobierno de Puerto Rico, en lugar de allanar el camino a este acuerdo, levantar su voz en contra, además de lo que ya han establecido o puedan establecer agencias federales', recalcó Bimbela.

Por ende, el Gobierno como dueño de los terrenos debe detener toda cesión o enajenación de espacios portuarios hasta que la Gobernadora tenga la oportunidad de evaluar las transacciones que vienen desde antes de su llegada a La Fortaleza.

De otro lado, el grupo tambien exige que el Departamento de Justicia y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) lleven un recurso de interdicto preliminar inmediato para detener la transacción mientras culmina la investigación que realiza la Oficina de Asuntos Monopolísticos.

Asimismo, solicitan a la Mandataria que investigue las expresiones de Maceira en torno a una supuesta inversión en los muelles a realizarse por la nueva empresa, y que no está incluida en los documentos de esta transacción.

Trabajadores de los muelles tambien levantan bandera

En momentos en que se discute la alianza comercial por parte de dos grandes de la transportación marítima del país, los integrantes de la International Longshoremen's Association, Local 1740 (ILA en ingles) denunciaron que ha encontrado obstáculos para llegar a acuerdos concretos con su patrono, Luis A. Ayala Colón & Sucrs., Inc. (LAC), en la mesa de negociación del convenio colectivo.

El contrato vigente, suscrito por la Asociación de Navieros de Puerto Rico en representación de LAC y otros patronos, vence el próximo 30 de septiembre y podría provocar la paralización de los trabajos en los muelles de San Juan.

El presidente de la ILA, Carlos Sánchez Ortiz, quien representa a la mayoría de los trabajadores en los puertos del país, denunció la falta de transparencia del patrono.

'Mientras el patrono, LAC, se encuentra promoviendo y defendiendo la coalición entre las compañías que controlarán el 80 por ciento de la carga domestica e internacional en los muelles del país, se niega a ofrecer información pertinente a la unión. Solicitudes de información relacionada a su relación con esta entidad y la forma en que este modelo de negocios afectará a los miembros de la organización sindical han sido negadas de distintas maneras, lo que pone en riesgo la negociación del convenio colectivo', alegó Sánchez Ortiz en declaraciones escritas.

Asimismo, alegó que el patrono se niega a brindar información relevante para la negociación, particularmente aquella relacionada a su relación con la nueva organización Puerto Nuevo Terminals.

Alegó, además, que la fusión desembocará no solo en un 'oligopolio' de la industria y del que las autoridades federales han expresado preocupación o reservas, sino que además representará que los empleados de la industria se verán afectados ya que estarán desprovistos de convenios colectivos bajo la nueva estructura.

Sánchez Ortiz recordó que Crowley y TOTE, antes (Sea Star Lines) ya fueron convictas por fijación de precios y violación a las leyes antimonopolísticas federales. Ambas pagaron multas ascendentes a los 100 millones de dólares y al menos seis personas fueron arrestadas o cumplieron cárcel.

'Ante estas preocupaciones estamos dirigiendo una misiva a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que solicitamos una reunión para conocer la política pública del gobierno a tales fines y cuál es la posición de la Autoridad de los Puertos, sobre el peligro inminente a los empleos de nuestros miembros', agregó el líder sindical a la vez que recalcó que, 'Deseamos tener paz sindical. Deseamos que nuestros empleados no sean desplazados por la mala fe del patrono, por alguna alianza mal hecha o mal intencionada'.

La Junta Ejecutiva de la ILA 1740 determinó el pasado 11 de septiembre no extender la vigencia del convenio colectivo que vence el 30 de septiembre. Este convenio prohíbe que los unionados efectúen huelgas en los puertos. Además, efectuará una asamblea el próximo mes de octubre para discutir, analizar y evaluar sus alternativas.