La Oficina del Procurador General (OPG) nuevamente recurrió al Tribunal de Apelaciones (TA) en el caso de la subasta efectuada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) e impugnada por el licitador que no prosperó para solicitar se deje sin efecto una sentencia previa de ese Tribunal para reconsiderar la subasta objetada y sancionar a los abogados de la parte recurrente, Trinity Services I LLC.

En una moción presentada el pasado lunes 30 de septiembre, el Procurador General, Isaías Sánchez Báez, denomina los esfuerzos de Trinity como 'una práctica legal agobiante, pero que ahora se ha convertido en insaciable' y 'una litigación en aras de ganar 'como sea' y a 'la fuerza''. Según la OPG - la entidad que viene a representar el gobierno en asuntos criminales y civiles ante el TA - Trinity tambien ha recurrido a denunciar públicamente a los oficiales del DCR y de la empresa agraciada, Carolina Catering Corporation (CCC), mientras el proceso de reconsideración ordenado por el TA sigue en curso.

Los hechos que llevan a la moción del Procurador General remontan al pasado 15 de agosto, cuando el TA determinó que el DCR incurrió en comunicaciones indebidas con la Junta de Reconsideración de Subastas (JRS) de esa agencia al enviar un correo electrónico que afectaron a pureza de los procesos. La carta en cuestión fue enviada por el entonces secretario auxiliar del DCR, Eduardo Rivera Juanatey, quien hoy dirige la agencia por interinato, y consistía de una sentencia de otro caso ante el TA que proveía argumentos que, según Rivera Juanatey, aportarían para confirmar la subasta, lo que ocurrió en abril de este año.

La postura inamovible del Procurador General es que la comunicación de Rivera Juanatey a la JRS no constituye un acto ilegal ni impropio al tratarse de un documento público. 'Al contrario, era su deber referir la Sentencia a dicha entidad para que esta tomara conocimiento de ella y actuara de conformidad a lo allí resuelto', reza la moción de la OPG.

Uno de los puntos que estableció el panel de jueces del TA en su sentencia es que la comunicación en cuestión está prohibida por el reglamento interno de la JRS por tratarse de un funcionario del gobierno que suministró información, interviniendo con los procedimientos del recurso de revisión.

Sobre las denuncias públicas de Trinity, en la que arremeten contra funcionarios del DCR y tildan a la JRS como un ente no confiable para proceder con la reconsideración, el Procurador General insiste se tratan de ataques infundados, especulativos e incorrectos. En ese sentido, sostienen que la solicitud que presentó Trinity al TA para que sea el Tribunal quien retenga jurisdicción sobre el procedimiento de reconsideración no procede, pues lo consideran un vehículo para que la empresa continúe sus ataques contra el DCR.

Trinity mantiene ante el TA una moción urgente para cancelar el proceso de Solicitud de Propuestas (RFP) que culminó con la adjudicación de CCC. La empresa reitera sus previos argumentos al señalar que la propuesta que ellos presentaron era $40 millones menos costosa para el DCR, que la propuesta que presentó CCC. De hecho, una de las primeras denuncias que llevó Trinity al TA tras la confirmación de la subasta por la JRS fue que permitieron a CCC modificar su propuesta a mitad del proceso, sin notificarles.

Según reportes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el contrato de $300 millones en cuestión fue producto de la intervención de Elías Sánchez Sifonte, cabildero y exfuncionario de la administración de Ricardo Rosselló Nevares. No obstante, CCC ha negado los señalamientos e insisten que no usaron cabilderos externos para lograr este acuerdo con el DCR.