Solo podrán mantenerse en teletrabajo los empleados con condiciones de salud certificadas por un médico.

Poco a poco, la administración de Pedro Pierluisi Urrutia procura que la gestión gubernamental regrese a la nueva normalidad, que impone la pandemia del Covid-19.

Luego de ordenar la apertura gradual de las escuelas públicas y privadas, la semana pasada la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, y la directora designada de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado Molina, enviaron una misiva a los jefes de agencias y corporaciones públicas requiriendo el regreso a las oficinas de los empleados públicos, que todavía laboran de forma remota, a menos que medie una justificación médica.

“Según dispone la Orden, aquellos empleados que no puedan reportarse a trabajar bajo ninguna modalidad por alguna razón justificada y contemplada en alguna ley estatal o federal, se le cargarán las ausencias a la licencia correspondiente de conformidad con las disposiciones legales aplicables, de tener balances”, sostiene la misiva del 25 de febrero.

Ayer, García Bardales indicó que urgía retomar las tareas presenciales como parte de la estrategia gubernamental para encaminar los proyectos de reconstrucción pendientes.

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“Es bien importante que establezcamos cuál es la necesidad real. Tenemos una responsabilidad de ejecución y necesitamos activar aquellos empleados que sean necesarios para gestar esa ejecución”, afirmó.

“La realidad es que hay muchos empleados trabajando de forma remota. El Gobierno de Puerto Rico, bueno la Legislatura de Puerto Rico en diciembre firmó una ley donde establece la posibilidad de trabajar remotamente. Esa ley indicaba que tenía que haber un plan y que cada agencia tenía que suministrar un plan”, agregó en rueda de prensa luego de una reunión entre el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y su equipo de infraestructura.

Un mes después del inicio de la pandemia y como mecanismo de reducción de gastos, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced estampó su firma sobre la Ley 36 de 2020, mejor conocida como la Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno. En medio de la crisis salubrista, que provocó la imposición de un toque de queda y el cierre de la economía, Vázquez Garced firmó una enmienda para que la Rama Legislativa, la Rama Judicial y los municipios pudieran acogerse voluntariamente a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

La puesta en vigor de este estatuto requirió reglamentos y planes de trabajo por agencia. Ayer la Secretaria de la Gobernación precisó que esos planes elaborados por las agencias y dependencias públicas al inicio de la pandemia serán actualizados ante la petición del Ejecutivo. Las agencias tienen 30 días para ajustar y presentar que contemple la realidad a marzo del 2021.

“Hay tareas que se pueden hacer a distancia. Hay otras tareas que no. Tenemos que garantizarle a nuestros empleados un espacio seguro. Lo estamos haciendo con los protocolos adecuados de salud. Así es que queremos empezar a reactivar ese brazo ejecutor”, indicó García Bardales.

“Hay espacio todavía para seguir reinsertando empleados al trabajo presencial. No solo hay espacio, hay necesidad. Así que esa llamada al trabajo presencial es una llamada porque necesitamos ejecutar’, abundó.

Al momento de realizar sus expresiones, la Secretaria de la Gobernación no tenía a la mano el número de empleados que todavía labora de manera remota, ni cuántos ya se han reportado a sus oficinas. Tampoco ofreció un estimado de los funcionarios que podrían retornar a sus labores como parte de esta segunda fase de trabajo en tiempos de la pandemia del Covid-19.

No anticipó cambios en las prioridades del proceso de vacunación masiva que realiza el Gobierno para adelantar a los empleados públicos que regresarán a sus oficinas, mientras señaló que un empleado con una condición médica podrá someter un certificado médico para justificar su petición de mantenerse trabajando a la distancia.

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“En lo que la vacunación ocurre, tenemos todos que seguir las reglas de distanciamiento, de limpieza y sanitización y de prevención”, indicó.

Apuntó también que desde marzo del año pasado las agencias públicas cuentan con acceso a los fondos federales del Cares Act para adquirir del equipo de higiene y limpieza requerido para combatir el Covid-19.

«Cada agencia del Gobierno tiene que tener integrado un sistema de asistencia electrónica o de firma de asistencia y tiene que certificar tanto la Ley como el plan a través de la OATRH y si es una corporación pública ellos auto-establecían un plan para certificar y garantizar que el empleado que estaba trabajando se le pague», indicó sobre la constancia que tenía el Gobierno de que los empleados estaban haciendo su trabajo.

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