Durante la Administración Pierluisi, la nómina de empleados regulares creció 9.7%, pero la de confianza creció 57.1%.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió cuentas a la Administración Pierluisi por los aumentos que otorgó a empleados de confianza de distintas agencias.

El director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, le pidió al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, que para el 12 de abril le informe todas las transacciones de personal que se han aprobado en el servicio de confianza del gobierno en los últimos 180 días.

“Cualquier aumento de salario para empleados de confianza implementado fuera del proceso presupuestario y sin autorización previa de la Junta de Supervisión sería contrario a la autoridad fiscal y presupuestaria que la ley PROMESA establece para la Junta de Supervisión”, indicó Mujica en una misiva de una página el lunes. Esta ley es la base que los tribunales le han reconocido a la Junta para detener la aplicación de leyes y declarar ilegales y nulas las acciones gubernamentales.

La comunicación ocurrió después de que Blanco Urrutia admitiera a El Nuevo Día que ni siquiera tenía el dato exacto de cuántos aumentos se habían concedido y que no se podía segmentar por agencia. A la vez, aseguró que todos los aumentos ocurrieron porque había dinero presupuestado para ello.

El funcionario justificó que los aumentos al servicio de confianza van de la mano de los aumentos concedidos a los empleados regulares. Pero los propios datos de OGP reflejan que, de 2021 a 2024, la nómina regular aumentó 9.7%, mientras que la de confianza incrementó 57.1%.

Los empleados regulares ya tienen un Plan de Clasificación y Retribución que fundamenta los aumentos, pero todavía no se ha aprobado un plan similar para los empleados de confianza. La directora de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado Molina, está copiada en la carta de Mujica.

La nómina de confianza no incluye aquellos empleados de carrera a los que, por distintas circunstancias que están mayormente bajo la discreción de cada jefe de agencia, se les concede un pago de salario adicional que se conoce como un “diferencial”.

Las afirmaciones de Blanco Urrutia fueron en reacción a una serie de cuestionamientos públicos sobre aumentos concedidos a empleados públicos que se intensificó después de que la senadora popular Ada García Montes divulgara la nómina de confianza del Departamento de Educación, poblada de expolíticos, candidatos y parientes de políticos. Inicialmente, la agencia no quería divulgar los datos.

El presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, y su correligionario, Domingo Torres García, ambos representantes, pidieron al gobierno el detalle de la nómina de confianza en las agencias. Pero solo el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, sometió a la consideración del cuerpo una medida para hacer una petición formal de información de la nómina de confianza. En su caso, la petición es a los municipios.

Desde los primeros cuestionamientos, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se ha mostrado a la defensiva en el tema. “Definitivamente que se justifica y falta todavía. Faltan más ajustes porque los supervisores tienen que ganar más que los supervisados”, indicó la semana pasada.

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