La alternativa para ser más competitivos según el presidente de la Asociación, Luis Javier Hernández, es restituir el Fondo de Equiparación.

Tras el Tribunal de Primera Instancia desestimar la demanda radicada por un grupo de organizaciones comerciales que pretendía declarar inconstitucional el aumento de salario mínimo a $10.50 la hora, la dirección de la Asociación de Alcaldes dijo que hacen «de tripas corazones» para sobrellevar el impacto que esto conllevará a los municipios, ya que los coloca a competir con la empresa privada para mantener su plantilla de empleados.

A pesar de que la ley del salario mínimo excluye del incremento salarial a los empleados municipales, los alcaldes aseguran que será un reto retener o reclutar empleados que posiblemente tendrán menos beneficios que en el sector privado.

«Dentro de los retos económicos hay municipios que tienen muchos recursos que han podido equiparar, hay otros que se están acercando a lograrlo y otros como yo, que hemos tenido que hacer una jornada laboral flexible pagándoles cinco días de trabajo, trabajando solo cuatro…», expresó a NotiCel el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.

«Es un reto y por eso los alcaldes, la mayoría, con la crisis económica que estamos enfrentando, están haciendo el esfuerzo para que exista justicia salarial», añadió.

El aumento de $10.50 la hora en el cheque entró en vigor el pasado1 de julio y se reflejará tan pronto como en la próxima quincena.

«Esta ley cobija a la empresa privada y nosotros como municipios hemos hecho de tripas corazones y yo sé que hay municipios que han hecho sus ajustes aún no teniendo recursos… y a los que nos siguen quitando recursos, hemos buscando la manera de ayudar a nuestros empleados», reaccionó Hernández.

Por ejemplo: el municipio de Peñuelas y Villalba han realizado ajustes implementando jornadas flexibles de trabajo.

«Estamos buscando la manera de ayudarnos. De hecho, me han preguntado ¿cuál es la alternativa para que los municipios puedan darle justicia salarial a los empleados y se llama Fondo de Equiparación», aseveró Hernández.

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Dichos fondos ya fueron eliminados. Sin embargo, para el presidente de la Asociación, hay alternativas.

«De enero en adelante nosotros tenemos una responsabilidad como institución y como nuevo gobierno de restituir el Fondo de Equiparación y darle justicia salarial a nuestros empleados. Esa batalla la vamos a dar con quien sea (refiriéndose a la Junta de Supervisión Fiscal)», indicó.

Mientras, el alcalde de Comerío, José Santiago, dijo estar preocupado por la falta de recursos, reconociendo que el futuro del pueblo de Comerío es incierto.

«La situación de Comerío es como la situación de 25 a 30 municipios del país. Estamos en riesgo y ya el próximo año si no es el siguiente podemos quedar totalmente inoperantes. No hay manera de que podamos sobrevivir si no se atiende esta ausencia de Fondos de Equiparación que ahora tiene que nutrirse mínimo de $150 millones para que esos 25 a 30 municipios puedan seguir operando», expresó Santiago.

«El gobierno cada día está más lejos, más distante, más burocrático y ausente de la vida cotidiana de la gente y somos nosotros los que tenemos que dar el frente en todo momento», puntualizó.

El pasado lunes se celebró una vista argumentativa para evaluar la demanda del sector comercial al nuevo aumento del salario mímino.

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Los grupos demandantes fueron: la Cámara de Comercio de Puerto Rico (Chamber of Commerce of Puerto Rico), la Asociación Hecho en Puerto Rico, Inc., la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, Inc., la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Puerto Rico Hotel & Tourism Association, Inc. y la Asociación de Comercio Al Detal, Inc.

Tras el juez Anthony Cuevas Ramos desestimar la demanda, el licenciado Jaime Sanabria, quien representó el sector comercial, sostuvo que solicitarán al Tribunal Supremo que atienda el caso ya que entiende que contiene elementos que son apelables.

El aumento del salario mínimo llega tras la Asamblea Legislativa aprobar en el 2022 el Proyecto de la Cámara 338, para establecer la Ley del Salario Mínimo en Puerto Rico.

La medida del representante Héctor E. Ferrer Santiago, también crea la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para asegurar que los trabajadores estén recibiendo una compensación justa y adecuada por su trabajo.

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