Su nuevo jefe en PR aclaró que el que su antecesor sea comisionado de la Policía no afectará investigaciones de corrupción contra la Administración González Colón.

La gobernadora, Jenniffer González Colón, no debe esperar que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) tenga alguna consideración al investigar corrupción en su gobierno por haber reclutado como comisionado de la Policía a un exjefe de la oficina de San Juan de esa dependencia.

Así lo precisó Devin J. Kowalski, quien entró como agente especial a cargo del FBI en San Juan después que su antecesor, Joseph González Falcón, accediera a convertirse en jefe de la policía estatal. González Falcón ocupa esa posición en destaque, por lo que el negociado federal todavía es su patrono último.

Kowalski regresa a Puerto Rico después de servir como agente raso en esta jurisdicción de 2012 a 2015, periodo en el que participó de investigaciones como las de los asesinatos de varios agentes de la policía, y también en casos de máxima notoriedad, como el de Pablo Casellas Toro, hijo de un juez federal, por posesión ilegal de arma, y el del asesinato del empresario canadiense, Adam Joel Anhang.

González Falcón es su amigo, mentor y defensor, dijo Kowalski, pero “absolutamente reconocía lo que tenía al frente cuando tomó esa oportunidad (de ser comisionado) y él sabe muy bien, igual que nosotros, el concepto de ‘necesidad de saber’”. Esto, en referencia a que solo comparten con la Policía lo necesario para proseguir investigaciones conjuntas, y no más.

Cuando se le preguntó si la administración debía sentirse que estaba protegida de investigaciones en su contra por tener a González Falcón en esa posición, el nuevo jefe del FBI planteó que “seré muy preciso al decir que no importa quién sea el comisionado del Departamento de la Policía, ya sea un agente del FBI o no, eso no tiene nada que ver sobre si esta oficina investigará o no”.

“Sé que hay un apetito intento por (el tema de) la corrupción pública”, añadió. “Vengo de la sección de corrupción pública y derechos civiles (en Washington DC). Si existe un caso de corrupción pública en esta isla —y lo repito— si hay un delito de corrupción pública ocurriendo en esta isla y existe una base fáctica que justifique que el FBI abra una investigación y que la Fiscalía Federal lo procese, pueden esperar resultados”, afirmó en una declaración que también incluye delitos ambientales en La Parguera, por los que se le preguntó directamente.

Sobre la discusión reciente de pugnas en el gobierno debido a bandos de cabilderos que influencian decisiones públicas a cambio del negocio privado que obtienen de sus clientes, NotiCel le presentó dos ejemplos hipotéticos a Kowalski y le preguntó si podrían dar pie a investigaciones criminales.

El primero, que el dueño de uno de dos laboratorios de cannabis medicinal en la isla tenga su licencia de gobierno suspendida y un cabildero le ofrezca restaurarla si lo contrata. Pero aún más, le ofrezca no solamente restaurarle su licencia, sino también suspenderle la licencia al otro laboratorio si, además de contratarlo, le da una participación en su negocio y lo convierte en socio.

El segundo, un proveedor de servicios de tecnología que esté compitiendo con otros en un requerimiento de propuestas ante una agencia y que la agencia decida suspender ese proceso para darle el contrato a otra compañía sin ninguna competencia. Esa otra compañía adquirió los servicios de un cabildero a quien el proveedor original había rehusado contratar.

En ambos, la respuesta del agente fue similar.

“Con ese patrón de hechos, yo definitivamente quisiera que nuestro equipo se reuniera con quien sea que tenga esa situación para conocer al respecto e investigarlo, si procede”, contestó.

Precisamente, para Kowalski su reto principal es que sus agentes no siempre saben todo lo que está pasando, por lo que pidió cooperación mediante reuniones con sus agentes, llamadas a su oficina o pistas en el portal tips.fbi.gov.

Aseguró que la oficina de San Juan no ha sufrido por la política de recortes del presidente Donald Trump y que quiere desarrollar “investigaciones de calibre mundial, aumentar el volumen y calidad de investigaciones que salen de esta oficina”.

Las expresiones ocurrieron en una mesa redonda de presentación a la prensa en la que lo acompañó su equipo gerencial, que incluye dos agentes puertorriqueños y una mexicana que comenzó su carrera en Puerto Rico. El arecibeño Samuel Dorta Santa está a cargo de inteligencia y seguridad nacional, el carolinense Guillermo González del área criminal y la californiana Claudia Dubravetz del área de administración y operaciones.

González explicó que tienen 178 agentes entre la oficina de San Juan y las satélites de Humacao, Ponce y Aguadilla que, a su vez, tienen responsabilidad en escuadradas de investigación de crímenes violentos, crímenes contra niños, tráfico de drogas transnacional, gangas, corrupción policíaca (incluyendo judicial), corrupción de oficiales electos, fraude médico, y crímenes financieros.

Después de trabajar en la isla, Dubravetz fue a Washington, en donde participó en las primeras investigaciones contra la ganga MS-13 (Mara Salvatrucha), que se originó en Los Angeles por migrantes salvadoreños, pero que esta Administración Trump ha convertido en símbolo de sus posturas antiinmigrantes y en organización terrorista.

A la pregunta de si cree que ese tipo de organización podría extenderse a Puerto Rico, la agente dijo que “nunca podemos decir que no va a pasar en Puerto Rico, todo lo que impacta a Estados Unidos, puede pasar en Puerto Rico”.