Después de que cayera como balde de agua fría a los constituyentes.

El representante Ángel Morey Noble anunció el retiró el Proyecto de la Cámara 644, medida que proponía establecer un sistema uniforme de aranceles a la hora de radicar una querella en alguna agencias, con el objetivo de cubrir los costos operacionales del gobierno y desalentar querellas frívolas.

La medida legislativa cayó como balde de agua fría para muchos constituyentes que en las redes sociales han descrito la medida como innecesaria.

En la exposición de motivos, la medida describía los procesos para adjudicar "genera una carga económica considerable para las agencias gubernamentales y afecta la capacidad del Estado para ofrecer servicios eficientes".

“Este proyecto nunca tuvo la intención de limitar el acceso a la justicia ni de imponer cargos a ciudadanos por querellas contra el gobierno. El lenguaje legal fue interpretado fuera del contexto original y, ante la preocupación pública, decidí retirar la medida para evitar más confusión,” expresó Morey Noble en declaraciones escritas.

La medida en síntesis proponía que, en procedimientos entre partes privadas en agencias como el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) o el Departamento de Salud, se estableciera un arancel inicial al presentar una querella. En caso de que el querellante prevaleciera, el querellado debía reembolsar el costo del arancel. Si no prevalecía, la agencia retendría el pago.

“Este proyecto no estaba dirigido a personas que quieren presentar una queja contra el gobierno ni establecía pagos por cada alegación. De hecho, incluía una exención provisional para personas sin recursos. Pero si la conversación pública gira en torno a premisas incorrectas, prefiero dar un paso atrás, escuchar y repensar la propuesta,” añadió el legislador.

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En el comunicado oficial del legislador, se defiende por utilizar el término de “aranceles” o “derechos arancelarios” como una "línea con el lenguaje legal ya establecido por la Rama Judicial en la Ley 47-2009 y decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico".

Morey Noble, además reiteró que su intención era promover procesos administrativos más eficientes y sostenibles sin imponer cargas injustas a los ciudadanos y aseguró que continuará trabajando por medidas que balanceen el acceso a los servicios con la responsabilidad fiscal.