El secretario Francisco Quiñones reconoció que el ángulo punitivo históricamente asumido por la agencia ha fracasado.

Por primera vez en años, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en Puerto Rico podría experimentar un giro estructural en la manera de abordar el uso de sustancias controladas dentro de sus instituciones. El nuevo secretario de la agencia, Francisco Quiñones, aseguró en entrevista con NotiCel que atenderá la crisis desde un enfoque salubrista, y no desde el castigo, al reconocer que las políticas anteriores han sido inefectivas.

“El problema de dependencia a sustancias no es solo un asunto criminal. Estamos hablando de condiciones neurológicas, fisiológicas, que requieren tratamiento, no represión”, declaró el secretario.

“La primera opción tiene que ser el tratamiento salubrista. Ya los tenemos en el sistema. Lo que hay que hacer es ayudarlos a salir”.

A preguntas de NotiCel, Quiñones reconoció que muchas de las muertes recientes de confinados, algunas posiblemente asociadas a sobredosis, han sido manejadas con poca transparencia. Como respuesta, anunció la creación de un grupo de trabajo interagencial que reunirá mensualmente a los jefes de Justicia, Policía, Ciencias Forenses y Corrección para revisar cada uno de estos casos. Afirmó que ese esfuerzo no se limita a cumplir con las leyes de transparencia, sino que busca “compartir los datos completos con el país” para evitar la fragmentación informativa.

“Esto se trata de seres humanos y de muertes bajo custodia. Vamos a darles a ustedes (la prensa) la información completa de lo que estamos recopilando”, sostuvo.

Respecto al constante contrabando de sustancias y celulares, incluyendo los casos recientes de arrestos de oficiales correccionales, el secretario enfatizó que su estrategia comenzará desde el reclutamiento. Aseguró que no sacrificará calidad por cantidad y que implementará el uso de polígrafos e investigaciones recurrentes al personal para prevenir infiltraciones en el sistema.

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“Prefiero tener menos oficiales, pero que sean comprometidos y decentes. Vamos a mejorar las condiciones laborales, pero también vamos a identificar a quienes sabotean estos esfuerzos”, dijo.

En esa línea, reafirmó a NotiCel que no habrá tolerancia para quienes se lucran del dolor de los confinados: “No vamos a tapar el sol con la mano. Estamos limpiando la casa”.

En cuanto a la rehabilitación, se comprometió a ampliar el acceso a programas y servicios, en colaboración con el Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Reconoció que los confinados no son los únicos afectados: “Esto también lo viven los familiares, los padres, las madres que luchan desde sus casas. Lo mínimo que podemos hacer es brindarles una mano amiga a quienes quieren salir del vicio”.

Con una historia familiar ligada al campo de la medicina, el secretario aseguró que no ve otra vía más que la salubrista para atender esta problemática estructural.

“Eso fue lo que aprendí en mi casa. Tiene que haber un enfoque salubrista”, expresó a NotiCel con firmeza.

La visión que plantea no pretende romantizar la rehabilitación, mucho menos ignorar la necesidad de seguridad, pero marca un cambio vital de paradigma: tratar la adicción como una enfermedad, no como un delito.

En palabras del funcionario, “no es tarea fácil, pero no podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos”.

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