El ente fiscal ha expresado oposición a un aumento desde que primero se intentó legislar en 2021, con la misma objeción: no se han identificado fondos para una revisión salarial.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó ayer a la Administración González Colón que no puede poner en vigor la Ley 156 de 2024, que le otorgó un aumento de sueldo a los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

La falta de implantación de ese aumento era la justificación para una campaña de brazos caídos que esos funcionarios llevaron a cabo el fin de semana del 4 de julio y también el fin de semana pasado. Los vigilantes llevan 15 años sin aumento.

La ley es del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia, pero la administración actual no hizo los movimientos necesarios para convencer a la Junta de que se debería poner en vigor, según de desprende de la carta a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

El aumento de salario ha estado en trámite desde al menos 2021, y la objeción del ente fiscal ha sido, entonces y ahora, que el gobierno no ha calculado la cantidad de fondos que realmente se van a necesitar para cubrirlo ni tampoco identificado de dónde saldrían.

Una segunda objeción es que la ley solo atiende el salario de los vigilantes, que es solo un rango dentro de lo que se conoce como el Cuerpo de Vigilantes, y que no es una revisión de escalas como la que requiere la Reforma del Servicio Público. Esta reforma, que implantaron la JSF y la Administración Pierluisi Urrutia, revisó escalas salariales y clasificaciones en todo el gobierno. Como resultado, han surgido varias controversias sobre disparidad en los salarios y clasificaciones.

“Una vez el gobierno envíe la propuesta revisada, la revisaremos prontamente y emitiremos una determinación final”, indicó el ente fiscal. Por propuesta revisada se refieren a un ajuste salarial para todas las posiciones en el Cuerpo desarrollada en consulta con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) para que no sea un cambio salarial “por pedazos”.

El gobierno tiene hasta el 11 de agosto para someter esto y una certificación sobre el impacto fiscal del aumento, ya que calificaron de insuficiente el que sometió la administración pasada.

La ley eleva el salario básico de los vigilantes a $2,600 mensuales y otorga un aumento de $300 mensuales a todos los vigilantes. El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, indicó que el Cuerpo tiene unos 290 vigilantes y les pidió paciencia, lo que no sentó bien con estos funcionarios, quienes redoblaron su campaña para abandono de labores el fin de semana pasado feriado.

“Hay luz al final del túnel y estamos comprometidos. Ese aumento hay que trabajarlo, hay que trabajarlo con la Junta de Control Fiscal, es justo, es necesario, y tiene todas las grandes posibilidades de que sea un éxito y va a ser así. Yo hablé con la gobernadora y está comprometida con este issue”, dijo el secretario. Sin embargo, la carta de la Junta solo consigna gestiones que se hicieron en la pasada administración, ninguna en esta.

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