El secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, dijo que los otros siete destituidos continuarán sus casos ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

A pesar del ofrecimiento para reintegrarse al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tras una suspensión de empleo y sueldo, solo una de las ocho personas destituidas por su vínculo con la excarcelación irregular del feminicida Hermes Ávila Vázquez aceptó regresar a su puesto, confirmó el secretario Francisco Quiñones Rivera.

“En junio les hice un ofrecimiento de que se entendiera ese periodo de seis meses como una suspensión… y la oportunidad de regresar al departamento”, explicó Quiñones ante preguntas de la prensa. Solo una empleada aceptó y ya está trabajando nuevamente bajo supervisión desde ese mismo mes.

“Se trata de una empleada civil con más de 30 años de servicio y sin una mancha en su expediente”, destacó el funcionario.

Los otros siete empleados rechazaron el acercamiento y optaron por continuar su proceso de apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), donde impugnan las destituciones efectuadas en diciembre por la entonces secretaria Ana Escobar.

“Ninguno de los ocho empleados estaba trabajando cuando se hizo el ofrecimiento. Como la oferta no se aceptó, indicamos públicamente que ya no estaba disponible”, reiteró Quiñones, quien informó que las vistas en la CASP están pautadas para febrero de 2026.

En cuanto a la empleada reintegrada, el secretario recalcó que ella no participó en la evaluación médica del caso de Ávila Vázquez, proceso que estuvo en manos de médicos contratados por la empresa Physician Correctional, cuyo contrato fue posteriormente cancelado.

“Tuve la oportunidad de revisar los ocho expedientes. En el caso particular de esta compañera, entendí que seis meses de suspensión era lo justo”, concluyó Quiñones, asegurando que se mantendrá respetuoso y cuidadoso del proceso legal que continúa en la Comisión.