Esta mañana, el presidente de LUMA, Juan Saca, dijo que deben existir límites de responsabilidad para las compañías eléctricas.

La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez, afirmó hoy que LUMA Energy busca sembrar miedo en la ciudadanía al advertir que pedirá un aumento en la tarifa si el Tribunal Supremo determina que la empresa debe responder por los enseres dañados por causa de apagones.

DACO presentó una demanda contra LUMA para que se declare nula e inconstitucional la Sección 4.1 (g) del “Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement” y el Tribunal Supremo la acogió para valorar sus méritos.

Según ese artículo, LUMA, los empleados, oficiales y contratistas quedan relevados ante reclamaciones de los consumidores por daños causados por actos negligentes o por fluctuaciones en el servicio eléctrico.

“El comunicado emitido por LUMA no solo intenta desviar la atención del verdadero problema que enfrentamos, sino que recurre a una estrategia ya conocida: sembrar miedo en la ciudadanía para justificar un privilegio legal que nunca debió existir. Esta amenaza velada de que los consumidores pagarán más si LUMA responde por sus propios actos es, además de injusta, jurídicamente insostenible”, dijo Rodríguez en declaraciones escritas.

“En Puerto Rico, bajo nuestro Código Civil, los daños causados por negligencia son responsabilidad personalísima de quien los causa. Pretender que esos daños se transfieran automáticamente a la ciudadanía a través de un aumento en la tarifa eléctrica es un intento de socializar las pérdidas de una empresa privada, mientras se privatiza su poder. Esa lógica no solo es inmoral: viola la Constitución y el principio fundamental de separación de poderes, al intentar convertir una autorización administrativa en una especie de impunidad legal frente a los tribunales”, agregó la secretaria.

Esta mañana, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, emitió declaraciones escritas en las que afirmó que “los tribunales en Estados Unidos han respaldado la inclusión de límites de responsabilidad para las compañías eléctricas bajo el fundamento de que agencias reguladoras, como el Negociado de Energía de Puerto Rico, tienen la autoridad para extender dichos límites de responsabilidad”.

“El derecho a reclamar cuando uno sufre un daño no puede depender de los intereses económicos de un contratista privado. Esa garantía está anclada en nuestro ordenamiento jurídico y en la dignidad de cada ciudadano”, manifestó Rodríguez.

“LUMA quiere hacerle creer al país que, si se le exige rendir cuentas, el sistema colapsará. Pero la realidad es otra: es precisamente la ausencia de consecuencias lo que ha perpetuado el deterioro. No se trata de revivir el pasado, como ellos sugieren; se trata de no repetirlo, asegurándonos de que ninguna empresa —sea pública o privada— opere sin responsabilidad frente al pueblo”, concluyó.

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