Un contrato gubernamental adjudicado que, de un día para otro y sin explicación, se cancela para darle el trabajo a otra compañía.

Esos ecos de los esquemas que denunció el excoordinador de Revitalización de la Junta de Control Fiscal (JCF), Noel Zamot, se escucharon ayer en una sala del Centro Judicial de Hato Rey, durante un proceso que toca al Departamento de Salud (DS).

Esa dependencia tiene hasta el próximo lunes para suspender las operaciones de limpieza a clínicas WIC que brinda una compañía, cuyo contrato no aparece en el registro de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), y para reinstalar a la empresa que ganó la subasta celebrada para esos servicios, pero cuyo contrato fue inexplicablemente cancelado el mismo día que entró en vigor por el secretario Rafael Rodríguez Mercado.

La orden, emitida en la tarde del miercoles por la jueza Lauracelis Roque Arroyo, surge de un acuerdo de último minuto avalado por Rodríguez Mercado, quien no compareció a la vista a pesar de ser formalmente emplazado el pasado 2 de abril por el juez Anthony Cuevas y pese a que se expidió una citación en su contra so pena de desacato. La empresa demandante es Perfect Integrated Solutions (PIS).

El acuerdo de ayer no dista de una primera orden de entredicho provisional dictada por el juez Cuevas el 26 de marzo que ordenaba anular la cancelación del contrato otorgado a PIS el 1 de marzo, fijando, en esa ocasión, el próximo lunes 15 de abril como fecha límite para que el DS remueva el personal de Mangual's Office Cleaning Services (MOCS) de las más de 70 facilidades WIC en la Isla.

Previo a la vista, el DS intentó revocar las ordenes de Cuevas mediante una solicitud ante el Tribunal Apelativo, sin embargo, la misma fue denegada.

A su salida del tribunal, el abogado del DS, Iván Ramírez Camacho, afirmó que el Secretario estuvo al tanto de las discusiones y aprobó el acuerdo. Sin embargo, no abundó -tampoco en corte- sobre los señalamientos esgrimidos por PIS en corte sobre la inexistencia de un contrato con MOCS para esos servicios, certificado por la propia OCPR, ni por la cancelación al contrato de PIS el día que comenzaron a rendir servicios.

'Aquí no ha pasado nada', comentó Ramírez Camacho mientras entraba al elevador del piso 9 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Rodríguez Mercado, por su parte, estaba en Caguas en una actividad oficial junto a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

El abogado de PIS, Jose Antonio Pagán, abundó que MOCS ha amasado $9 millones en contratos con el DS desde el 2014. Añadió que la agencia tampoco incurrió en una orden de compra para solicitar los servicios de MOCS. 'No puedo entender como nosotros somos los que tenemos el derecho adquirido, mi cliente ha tenido que presentar un caso cuando tienen un contrato', cuestionó el licenciado Pagán en corte.

Por otra parte, la defensa legal de PIS señaló que el DS nunca le proveyó evidencia sobre el contrato de MOCS para la limpieza de los centros WIC, aunque desde la OCPR les certificaron su inexistencia. Sin embargo, señalaron que esa empresa lleva desde septiembre del 2018 ofreciendo esos servicios sin un contrato registrado.

Aún así, aunque el programa WIC se sufraga con fondos federales para su operación, los abogados de PIS no pudieron confirmar si MOCS fue pagado por sus servicios con fondos federales. 'Es una partida para esos fondos WIC. WIC es un programa federal que le da una masa económica al Departamento, a los estados, en este caso a Puerto Rico para que su Secretario de Salud lo administre. No son fondos del fondo general', explicó Pagán.

PIS presentó la demanda contra el DS y Rodríguez Mercado el 25 de marzo, pero aún con la orden de Cuevas para reinstalarlos en el contrato, la agencia no acató el mandato, permitiendo que personal de MOCS continuara ofreciendo servicios de limpieza, a pesar de no contar con un contrato para esos servicios. Los empleados de PIS alegaron ser sujetos de presiones tanto del DS como de la otra empresa, fomentando un ambiente de hostilidad y forzando los trabajadores de PIS a renunciar y trabajar para MOCS.

La situación fue de tal gravedad que la agencia amenazó con despidos a aquellos que utilizaran uniformes de PIS, se negaron a firmar facturas de esos empleados e incluso borraban sus nóminas, según explicaron durante la vista del miercoles.

Según explicó la directora de recursos humanos de PIS, Aixa Velez, 33 empleados renunciaron por las presiones que recibieron.