El juez Anthony Cuevas Cruz del Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a cesar y desistir de intervenir indebidamente mediante la destitución de sus miembros en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

En julio de 2017, el Gobernador removió de sus puestos a varios miembros de la Junta del Instituto de a la vez que solicitó que permanezca en su puesto al director ejecutivo, Mario Marazzi, quien ha ocupado el puesto por los pasados 10 años. Rosselló Nevares se amparó en los poderes que le confiere la Ley 3 del 2017 - que lo faculta para remover miembros de juntas directivas en el gobierno - para remover a cuatro miembros y nombrar a la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, la CPA Jeanelle Alemar, Álex Lopez Echegaray y Bethsie Rosa Reyes. Poco despues de esa movida, los miembros destituidos de la Junta de Gobierno del Instituto se reunieron para renominar al actual director.

El Juez determinó que la resaca en la institución es nula e ilegal a la vez que ordenó la restitución de los codemandados.

En su demanda, la IEPR sostuvo que dos juntas directivas operaron paralelamente tomando decisiones inconsistentes entre sí provocando confusión e incertidumbre, con lo cual coincidió la orden emitida hoy, jueves.

La sentencia de Primera Instancia establece que el director del Instituto tiene facultad para tomar todas las acciones que considere necesarias para ejercer sus facultades y deberes, a la vez que podrá acudir al tribunal para hacer cumplir la ley orgánica del IEPR.

Tras conocer la sentencia, Marazzi expresó mediante comunicado que, 'Este dictamen es otro respaldo a la independencia del Instituto de Estadísticas que tan esencial es para su funcionamiento y su razón de ser. Tras las contundentes expresiones del Tribunal y del Presidente de la Reserva Federal de Nueva York esta semana, esperamos poder dar por cerrado este capítulo, de modo que en el Instituto podamos concentrar todos nuestros esfuerzos y recursos en el cabal cumplimiento con nuestros deberes y responsabilidades. Reiteramos el interes de nuestra parte y disponibilidad para reunirnos con el Gobernador y poner a su disposición los servicios y recursos del Instituto'.

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De igual modo, el Juez determinó que las destituciones en la Junta Directiva ordenadas por el Gobernador 'sin el debido proceso de ley y por motivaciones de confianza política consitituye un golpe mortal a la independencia que el Instituto necesita para implementar las políticas del task force congresional creado al amparo de PROMESA'.

Asimismo, la orden recalca que el 'Instituto será una entidad autónoma administrativa y fiscalmente'. Además, la ley que crea el IEPR establece que el Gobernador podrá remover a miembros de la Junta siempre y cuando sea por justa causa, radicando cargos y dando la oportunidad a ser escuchado. La carta que envió Rosselló Nevares para destituir a Antonio Fernós, Ana Dávila, Marta Álvarez, y Sonia Balet, no da ninguna razón para removerlos de sus puestos.

Más aún, el Juez indicó que la Ley 3 con la cual Rosselló Nevares se amparó para descomponer la Junta del IEPR se limita estrictamente a funcioanrios que son nombrados por el o a quienes incidan impermisiblemente con las facultades constifucionales de la Rama Ejecutiva.

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