Contratos revelan papel protagónico en el Gobierno

Un minucioso análisis de los acuerdos contractuales de BDO Puerto Rico con agencias y corporaciones públicas revela el rol protagónico que jugó esta empresa privada proveyendo personal subcontratado en la toma de importantes decisiones de política pública bajo la Administración Rosselló Nevares.

Este martes, el ahora exsocio de BDO, Fernando Scherrer y su consultor Alberto Velázquez Piñol, contratista de la empresa, fueron arrestados por las autoridades federales por defraudar $15.5 millones en fondos federales en el Departamento de Educación (DE) y la Administración de Seguros de Salud (ASES).

De acuerdo con el pliego acusatorio BDO Puerto Rico utilizó la influencia de Velázquez Piñol para que las jefas de ambas agencias le ofrecieran información confidencial para confeccionar las propuestas y/o contratos que le aseguraría a BDO Puerto Rico ser los favorecidos. A cambio, Velázquez Piñol cobró un diezmo como ‘comisión’ por los contratos. Las acusaciones se centran en estas dos agencias pese a los múltiples contratos que la empresa tuvo con esta administración.

Además, resulta curioso que posterior a la salida de la hoy acusada Julia Keleher en el DE, la firma creó al menos cinco nuevas corporaciones según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. Cuando este diario solicitó declaraciones sobre si la creación de las nuevas corporaciones estaban relacionadas con la pesquisa federal que culminó en la ronda de arresrtos, y la cancelación de los contratos públicos, Damarisse Martínez, portavoz de BDO, dijo que por instrucciones de sus abogados no emitirían expresiones adicionales.

Las nuevas corporaciones fueron nombradas: BDO-Tax LLC y BDO-Advisory LLC o Phoenixrise-Advisory LLC, incorporadas el 22 de marzo de 2019. A los pocos días, el 25 de marzo, se creó BDO-Audit PSC, seguido por una cuarta compañía incorporada el 1ro de abril como BDO-Outsourcing Services PSC, y el 12 de abril se creó BDO-Government Services LLC. Todas comparten la misma persona autorizada, Carmen Serrano, bajo la misma dirección y telefono de BDO Puerto Rico con el contacto de Gabriel Hernández, socio administrador de la firma, como agente residente de las nuevas corporaciones.

Más allá de realizar auditorías externas o estados financieros, los contratos de BDO Puerto Rico demuestran las abarcadoras responsabilidades de la firma en los procesos de transformación de las agencias como el nuevo modelo del Plan de Salud del Gobierno; el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR); la confección del presupuesto y preparación de informes operacionales y financieros de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) para cumplir con requerimientos de la Junta de Control Fiscal (JCF), así como la reorganización en el DE aprobada en la Ley de Reforma Educativa.

Al trascender que las autoridades federales investigaban los contratos de BDO en el Departamento de Hacienda, Educación y Administración de Seguros de Salud (ASES), salió a relucir la figura de Alberto Velázquez Piñol, artífice de los cambios del Plan de Salud del Gobierno, conocido ahora como Plan Vital. Hasta ese momento, muchos relacionados con la industria de salud identificaban a Velázquez Piñol como un contratista y asesor de la directora ejecutiva, Ángela Ávila, aunque en realidad era un subcontratista de BDO.

Fuentes de NotiCel aseguraron que un patrón similar se ha dado en otras agencias en las que presuntamente los representantes de la firma toman decisiones típicas de un empleado, dan instrucciones al personal y realizan tareas que normalmente se atribuyen a personal de confianza. La información forma parte del pliego acusatorio federal.

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Los contratos tienen anejados una propuesta de la firma en la que se detallan las amplias tareas de esta con el Gobierno, que incluye además, asesoría financiera y administrativa para cumplimiento de fondos federales, actualización y monitoreo de sistemas electrónicos de datos y asesoría para reorganización gubernamental.

Tal es el caso del Departamento de Educación, donde BDO proveyó servicios de asistencia tecnica en las áreas de recursos humanos, planificación y presupuesto, asistiendo a la exsecretaria Julia Keleher en la reorganización del DE.

BDO fue pieza instrumental en la reestructuración del DE convirtiendo las siete regiones educativas en ‘departamentos locales’; en el establecimiento del presupuesto base cero; relocalización de recursos y reducción de la agencia para operar de manera más eficiente.

En Hacienda, agencia que le canceló todos los contratos en mayo pasado, la firma BDO proveyó servicios para mejorar la información que recibía el área de contabilidad central del Gobierno, verificación de cuentas por pagar y nómina de varias agencias.

Además de establecer medidas para evitar fraude en la Lotería de Puerto Rico, BDO ofreció servicios para facilitar las relaciones con asociaciones del sector privado y entidades universitarias así como para promover el cumplimiento de la política pública de la agencia.

Una situación similar se desprende de las responsabilidades de BDO en el acuerdo contractual con la Autoridad de Carreteras (ACT), donde por ejemplo, la firma asistió no solo en la implementación del sistema de bases de datos Oracle; sino que además fue contratada para desarrollar manuales de capacitación de los procesos comerciales; el desarrollo y ejecución de planes de cambios en el departamento de recursos humanos y otro plan de comunicación en la oficina de comunicación interna de Autoridad.

El radio de acción de BDO Puerto Rico se extendió a iniciativas con el sector privado y comercio exterior como parte de sus deberes con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). En esta agencia, la firma fue contratada para ofrecer servicios profesionales para el proyecto ‘Federal Procurement Contracts’ junto al equipo del DDEC, el Centro de Oportunidades Federales de la Fortaleza y el sector privado.

Se encargó a BDO de la coordinación del Plan de Mesa Permanente de Diálogo con el Sector Privado; la coordinación de misiones relacionadas con exportaciones junto a la Compañía de Comercio y Exportación (PRIDCO) y apoyo en la agenda comercial en Washington.

Los cambios al Sistema de Retiro de los empleados y docentes de la UPR que han provocado una avalancha de jubilaciones en el principal centro docente del país y demandas judiciales contra la JCF y la administración de la UPR tambien figuran en las tareas que le fueron delegadas a BDO. En septiembre pasado, la Junta de Gobierno de la UPR contrató a la firma para la transformación del sistema de pensiones requerida en el Plan Fiscal de la Universidad.

El contrato identifica que los servicios a la UPR serían rendidos por Fernando Scherrer, Sigfredo Velez y Luis Torres Llompart, siendo el gerente del proyecto David Lugo.

En mayo el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) cancelaron los contratos de BDO Puerto Rico sin ofrecer explicaciones. No fue hasta junio que trascendió que un Gran Jurado Federal sesionaba y que Fortaleza anunció que se cancelarían sus contratos, lo que provocó el despido de 39 empleados hace unas semanas.

NotiCel supo que la batería de abogados de la firma es encabezada por la exfiscal federal Sonia Torres y los abogados Juan Ramón Acevedo, Harry Anduze y Guillermo Ramos Luiña.

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