El gobernador Ricardo Rosselló ha activado a la Guardia Nacional y la Policía para asistir en desalojos

Esa disposición de emergencia es ejecutada a través de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y establece penalidades de reclusión y multas a aquellas personas que no acate las órdenes de evacuación de la población civil emitidas por la Agencia Estatal como parte de la ejecución de su plan en casos de emergencia o desastre.Además, establece que aquellas personas menores de edad o incapacitadas podrán ser removidas en contra de la voluntad de sus padres, tutores, custodios o encargados, durante y una vez declarado el estado de emergencia por el Gobernador.

'Yo no creo que vamos a llegar a ese punto, porque cuando las comunidades entiendan la necesidad de movilizarse. Mas claro no canta un gallo, no creo que vaya a ver necesidad', señaló el secretario de Seguridad Pública Hector Pesquera.

En la movilización participarán la Policía de Puerto Rico y la Guardia Nacional.

La Ley también establece penalidades para que personas dé una falsa alarma en relación con la inminente ocurrencia de una catástrofe en Puerto Rico o, si existiendo ya un estado de emergencia o desastre, disemine rumores o dé falsas alarmas sobre anormalidades no existentes.

Los delitos van desde seis meses de cárcel o una multa que no excederá los 500 dólares.

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