Tras una fallida negociación con la Junta de Control Fiscal (JCF), la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) recurrió nuevamente a la jueza federal Laura Taylor Swain para invalidar los propuestos recortes a las pensiones de los jueces.

En una moción radicada el martes, la APJ aseveró que los recortes planteados en el Plan Fiscal más reciente atentan contra el concepto federal de independencia judicial como tambien la autonomía administrativa conferida a la Judicatura local mediante la Constitución de Puerto Rico. Por tanto, la APJ persigue una sentencia declaratoria a los efectos de que la JCF actuó de manera ultra vires al mandatar una reducción retroactiva a las pensiones de la Judicatura.

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Según el Plan Fiscal más reciente, certificado el 23 de octubre, señala que el Sistema de Pensiones de la Judicatura cuenta con 371 empleados activos y 487 jubilados y beneficiarios. Sin embargo, los ingresos anuales son de $28 millones, mientras que las obligaciones de pensiones totalizan los $658 millones. Por tanto, el Plan Fiscal ordena congelar las pensiones efectivo el 1 de junio del 2019 y posteriormente someterse a una reducción de entre 10% a 25%, la cual entraría en vigor a partir del 2020.

La APJ argumenta que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que las compensaciones de los funcionarios del estado, en particular los jueces, no pueden ser trastocadas posterior a su elección o designación. A ese fin, ese foro indicó que las compensaciones de los jueces incluyen sus pensiones y por lo tanto tampoco pueden ser trastocadas ni pueden recortarse retroactivamente.

En Puerto Rico, los jueces no aportan al seguro social pues la ley habilitadora del Sistema de Retiro de la Judicatura los obliga a aportar a ese plan y acogerse al mismo a partir de los 70 años.

El reclamo de la APJ fue presentado inicialmente ante la jueza Swain el 3 de mayo del año pasado. Sin embargo, una estipulación se alcanzó entre las partes el 3 de julio para dar paso a un proceso de negociación entre la APJ, la JCF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), tras una serie de diálogos sostenidos a partir del 16 de mayo del 2017 para intentar subsanar el asunto.

Las conversaciones estuvieron condicionadas a comenzar un proceso de mediación a cargo de la jueza Barbara Houser. Los abogados de la APJ comenzaron a reunirse con Houser a partir del 11 de agosto del año pasado, sin la participación de la JCF o la AAFAF.

Luego de una reunión con la jueza el 7 de febrero de este año, los abogados intentaron comunicarse con los abogados de la JCF para comenzar negociaciones. A pesar de que lograron reunirse el 3 de mayo y el 7 junio para comenzar el proceso, la Junta los rechazó.

'Hasta la fecha, la JCF ha indicado efectivamente a la APJ que no mediarán este asunto ahora, más de un año y medio despues que la querella inicial fue radicada en este caso. Los procedimientos están detenidos y el Sistema de Retiro de la Judicatura está en peligro con cada momento que pasa sin que el asunto de la sentencia declaratoria pueda ser resuelta por esta corte', reza el escrito del bufete Indiano & Williams, representantes de la APJ.

La defensa de la Asociación señala que están listos para ver el asunto en vista, pues la corte podría llegar a una decisión basada en la interpretación del caso Brau Linares v ELA, las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos, y los actos de la JCF, consignados en el record público.

Los abogados de la APJ añaden que, de mantenerse la paralización de litigios sobre su caso, la JCF podría seguir trastocando los beneficios protegidos de los miembros de la judicatura, afectando la independencia judicial y privando a jueces jubilados de sus derechos adquiridos.

La APJ solicitó ser escuchados durante la vista omnibus del 30 de enero del próximo año, fijando el 15 de enero como fecha límite para presentar objeciones.