La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) reafirmó su postura inamovible y en rechazo al recorte de las pensiones de los jueces propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) y de paso arremetió contra ese ente por negarse a evaluar las ramificaciones constitucionales que prohíben trastocar la independencia judicial.

Luego que la JCF argumentara que el reclamo de la APJ no es prioritario y tiene el potencial de producir reclamos similares entre otras clases de pensionados y acreedores, el lunes la Asociación radicó su respuesta a los planteamientos de la Junta, que incluían una evaluación a la luz de los 'Sonnax Factors' -una prueba de 12 elementos que emplea la corte para certificar si un reclamo se debe atender dentro o aparte del caso de quiebra.

En síntesis, la APJ argumentó en esta ocasión que la Junta aún no comprende los fundamentos constitucionales que llevaron a implantar la doctrina de independencia judicial a la vez que insiste en tratar a los jueces pensionados como otro acreedor común y corriente. De esta manera, la Asociación señaló que ya el tribunal ha delineado los límites del poder de la JCF, los cuales se circunscriben a materias de naturaleza fiscal.

'La Junta no puede trastornar la estructura fundamental de las tres ramas de gobierno de Puerto Rico tal como estableció el Congreso de Estados Unidos al permitir a Puerto Rico redactar su propia constitución, sujeta a aprobación congresional y consistente con la forma republicana de gobierno. Aquí yace el malentendido de los límites de su poder. Tan simpateticos o paternalista que puede ser la Junta en relación a las pensiones judiciales, no tiene rol en cambiarlas. Eso está fuera de su círculo de poder', indica la objeción de la APJ.

Reiteran que fue la Junta quien vetó mediación

La demanda federal de la APJ remonta a verano del 2017 y perseguía declarar ultra vires la propuesta reducción en las pensiones de la judicatura consignada en el plan fiscal. Luego de presentar la demanda, la JCF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) entraron en un proceso de mediación y negociación con la APJ a partir de julio del 2017.

Pero ese proceso de mediación no fue genuino pues los abogados de la APJ comenzaron a reunirse en agosto con la juez a cargo de los procesos de mediación en el caso, Barbara Houser, sin que la Junta ni AAFAF comparecieran. En febrero, los abogados se comunicaron con la JCF para comenzar negociaciones, pero sólo lograron reuniones en mayo y junio del 2018 y en ambas la Junta rechazó su reclamo.

La APJ nuevamente hace referencia al proceso de mediación que se intentó, señalando que la JCF no hizo referencia alguna al proceso en su objeción.

'La Junta falla en mencionar que ellos rehusaron mediar con la APJ despues que la APJ solicitó que se hiciera. No hay justificación para que la Junta tenga poder de veto en el proceso de mediación. Aunque podemos entender completamente que la corte preferiría resolver este caso por mediación (y la APJ lo ha intentado), esto no puede ser una calle de una sola dirección en la que la Junta puede descarrilar el proceso unilateralmente al no participar', sostuvo la APJ.

Puede ver aquí la respuesta de la APJ a la objeción de la JCF: