Junta Fiscal toma control de la legislación, incluso la ya aprobada (documento)
La Junta de Control Fiscal (JCF) notificó al Gobernador de Puerto Rico hoy que debe someter a ese cuerpo toda legislación o resolución que se apruebe junto con una certificación del impacto que eso tiene en contraste con el Plan Fiscal certificado el pasado 13 de marzo.
La acción se toma al amparo de la sección 204(a) de la ley PROMESA pero, en una acción que podría traer controversia con el Gobierno, la carta del presidente de la JCF, José Carrión III, indica que también debe ser sometida a la aprobación de la Junta toda la legislación que fue autorizada por el Gobernador antes de la certificación del Plan Fiscal.
Para justificar esta segunda petición, que debe ser cumplimentada dentro de los próximos siete días, Carrión dice que 'hacemos notar que toda la legislación aprobada debe ser tomada en consideración cuando se prepare el presupuesto propuesto, presupuesto que debe ser consistente con el Plan Fiscal'.
El efecto retroactivo que impone la Junta en su carta de hoy resulta interesante porque en febrero de este año, mediante carta al representante del Gobernador en la Junta, Elías Sánchez, Carrión había reclamado que la Junta tenía capacidad para revisar la legislación antes de que el Plan Fiscal fuera certificado.
A eso siguió una controversia pública en la que Sánchez ripostó que la Junta estaba 'desenfocada' porque su capacidad de revisión de legislación sólo se activaba después de la aprobación de un Plan Fiscal. Sánchez fue más lejos y planteó que ese reclamo de revisión de legislación 'violenta la autonomía del Gobierno de Puerto Rico'.
Ante esto, la Junta había guardado silencio hasta hoy, cuando, con el Plan Fiscal certificado, sostienen que el gobierno está obligado a someter a revisión toda la legislación aprobada por dos razones: la de antes del Plan Fiscal porque tienen que verificar si cumple con el presupuesto que se va a aprobar a raíz del Plan y la aprobada después del Plan porque así lo dispone la ley.
En el caso de la anterior al Plan, el Gobierno tiene siete días para someterla a partir de la carta de hoy, y en el caso de la de después del Plan, tiene siete días para someterla desde la fecha en que el Gobernador la hubiera aprobado.
En ambos casos, el proceder es el mismo: la entidad designada por el Gobierno, presumiblemente la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tiene que hacer una evaluación formal sobre el impacto de las medidas en los ingresos y gastos del Gobierno y certificarle a la Junta si cumple o no cumple con el Plan Fiscal certificado. Sobre la base de esa evaluación, la Junta podría invalidar la ley.
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