Los inquilinos de los 11 pisos del edificio comercial ubicado en el 270 de la avenida Muñoz Rivera de Hato Rey donde ubican instituciones financieras, bufetes y la oficina de la Junta de Control Fiscal, demandaron a manifestantes que han afectado la entrada de empleados y visitantes al lugar así como labores.

'Se presenta esta demanda junto a una solicitud de remedio urgente debido a que ciertas manifestaciones y actos de vandalismo que están ocurriendo actualmente se están llevando a cabo de tal forma que se violentan los derechos de la parte demandante, sus arrendatarios y terceras personas que intentan ejercer su derecho a moverse libremente, así como su derecho a trabajar y derechos de propiedad', reza la demanda presentada hoy, jueves.

Los demandados por los inquilinos del edificio son Gabriel Díaz, Karla Pesquera, Evelyn Semidey, Omar Reyes, miembros de la organización 'Jornada se acabaron las promesas' así como manifestantes sin identificar.

'A modo de preservar los derechos de todos los involucrados, así como seguridad pública, resulta necesaria la intervención inmediata de este Tribunal para que ordene a los manifestantes a abstenerse de impedir el acceso a las instalaciones', además 'se solicita que el Tribunal disponga para que la Policía tome las medidas necesarias para asegurar el acceso al Edificio y la seguridad pública general', apunta la demanda.

Los titulares solicitan que el Tribunal ordene a los demandados cesar y desistir de bloquear la entrada al Edificio y de perturbar la posesión de los demandantes del inmueble. De igual modo, piden que se dicte sentencia declaratoria que determine que en Puerto Rico el derecho de libertad de expresión no incluye impedir la entrada y salida de una propiedad privada ni la Uniformada necesita orden para tomar medidas inmediatas para proteger la propiedad privada y la seguridad de las personas.

El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, ordenó a los demandados a cesar y desistir de todas las acciones que está realizando que impiden el libre acceso a las instalaciones del demandante ni ocasionar daños a la propiedad so pena de desacato hasta tanto se resuelva finalmente el interdicto presentado.

'El derecho a la libertad de expresión no conlleva obstaculizar la entrada ni vandalizar a un edilicio privado, con el efecto nefasto de interrumpir o paralizar las operaciones de los negocios allí establecidos, impidiendo la entrada y salida de empleados, clientes y el público general', sostienen los demandantes.

Los demandados fueron citados el martes, 27 de abril, a las 10:00 a.m. en la sala 904 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

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Esta publicación fue editada para corregir que los demandantes no son los dueños sino los inquilinos del edificio, luego de una comunicación por parte de Tribunales.

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Orden interdicto provisional _24148