El Comite de Acreedores No Asegurados (CANA), uno de los grupos reconocidos para tener participación formal en el caso de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, pidió a la jueza Laura Taylor Swain que ordene una investigación sobre la complicidad de los bancos Santander, Popular y Gubernamental de Fomento en la deuda de la Isla.

Se trata de la primera solicitud radicada en el caso para llevar a cabo una investigación y de la primera ocasión en que se le pide a la jueza que decida sobre asuntos relacionados al origen de la deuda y la causa de la debacle económica del gobierno de Puerto Rico. La solicitud está en la agenda de discusión de una vista pautada para el 9 de agosto.

La investigación se iniciaría con requerimiento de documentos a siete instituciones (ver enlace abajo): Santander Securities,

Banco Santander Puerto Rico, Santander Asset Management, Popular, Popular Securities, Banco

Popular y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). El proceso se tramitaría bajo las reglas de descubrimiento de prueba que rigen en los procesos de quiebras, por los que un magistrado federal estaría supervisando la entrega de los documentos con poder para compeler el cumplimiento de las órdenes de descubrimiento.

El CANA está compuesto por organizaciones varias que incluyen contratistas como Genesis Security, sindicatos como la American Federation of Teachers (AFT) y el Service Employees International Union (SEIU), así como lo que en su momento fue Doral Financial Corporation. SEIU en particular ha estado ligado a la lucha porque se realice una auditoría de la deuda del gobierno de Puerto Rico.

'Es la responsabilidad del Comité arrojar luz en por lo menos algunas de las causas de la crisis financiera, con la meta de determinar si existen causas de acción y/o si los hechos descubiertos pueden llevar a la descalificación o subordinación de ciertas reclamaciones. El pueblo de Puerto Rico, y más importantemente, los acreedores no asegurados en los casos de Título III, merecen respuestas sobre lo que pasó, y merecen respuestas de una parte independiente con el poder para arrojar luz a las más oscuras esquinas de las instituciones bancarias públicas y privadas de Puerto Rico. Cualesquiera las causas de las dificultades económicas de Puerto Rico, el tomar prestado más y más dinero para financiar el gasto deficitario y el pago de deuda con nueva deuda (una práctica descrita como 'scooping and tossing') ha llevado a Puerto Rico al borde del abismo económico', indica el CANA en su moción.

La solicitud viene tras una ola de informes de distintos grupos estadounidenses en los que se cuestionan los ingresos de unos $1,400 millones que pudieron tener los bancos y jugadores del sector privado por manejar las emisiones de Puerto Rico, la 'puerta giratoria' que ha existido para ejecutivos entre el BGF y el Santander, el Popular e, incluso, la Junta de Control Fiscal y los intereses pagados por Puerto Rico como parte de la deuda.

La solicitud de investigación pretende cubrir, sin limitarse, los siguientes temas:

Las fuentes y usos de los ingresos por la venta de bonos del gobierno de Puerto Rico.

Si las instituciones financieras analizaron apropiadamente la condición cediticia del gobierno antes de embarcarse en docenas de transacciones de deuda.

Si el BGF o sus entidades relacionadas analizaron apropiadamente si el gobierno podía exceder o había excedido, los límites de deuda establecidos en la Constitución del Estado Libre Asociado.

Si las instituciones financieras analizaron apropiadamente la estructura y constitucionalidad de COFINA, cuando emitieron deuda en su beneficio.

Si los miembros del BGF tenían conflictos de interés, reales o percibidos, que les impidieran cumplir con sus deberes para con los emisores gubernamentales.

Si las entidades financieras, incluyendo varias entidades de Santander y Popular, tendrían un tipo de ganancias por la emisión de la deuda que no les permitiera comportarse de una manera consistente con el riesgo que representaba dicha deuda o si violentaron sus responsabilidades para con el gobierno.

Cualquier otra mala conducta o impropiedad potencial relacionada con la estructuración, emisión, revisión y venta de la deuda del gobierno que pudiera haber impactado el valor del caudal del gobierno. De hecho, en la moción cuestionan la posibilidad de que los bancos se involucraran en el manejo de la deuda de la Isla para descargar el riesgo de sus propias operaciones y el que se mercadeara deuda impropiamente a entidades como las cooperativas de la Isla.

Moción de investigación y descubrimiento de prueba sobre la deuda - NotiCel_26312