El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela Franco, ordenó a todos los departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas y a los municipios adoptar unas políticas y procedimientos para la divulgación continua en o antes del 7 de septiembre de 2017.

Estas políticas y procedimientos buscan proveer transparencia sobre la deuda pública que se encuentra vigente, informó Portela Franco.

Según el funcionario, esto es 'un paso firme para garantizar sus responsabilidades y obligaciones con el Securities Exhange Comission (SEC, por sus siglas en inglés). Como agente fiscal, agente informativo y asesor financiero de los emisores de la deuda pública del Gobierno, la AAFAF tiene la facultad de velar y auditar el cumplimiento de los emisores del Gobierno con las obligaciones y regulaciones bajo el SEC'.

'En un paso positivo, el gobierno de Puerto Rico inicia el proceso para adoptar nuevas políticas y procedimientos de divulgación continua basadas en las mejores prácticas recomendadas por el SEC. Entendemos que la adopción de estas políticas colocan a Puerto Rico en el camino seguido por otras jurisdicciones para mejorar la información disponible a los inversionistas y al interés público en general', expresó Portela Franco, en declaraciones escritas.

La determinación de AAFAF coincide con la movida de la Junta de Control Fiscal (JCF) de enviar cartas a todos los acreedores del gobierno, inicialmente como aviso o notificación.

El licenciado Rolando Emmanuelli, en una entrevista con NotiCel, reveló que el documento al que sí deben estar pendiente las personas es una segunda lista de acreedores que 'sale ahora el 30 de agosto', antes de la que ordenó AAFAF.

'Si realmente te deben, ahí va a haber una cantidad', explicó Emmanuelli instando a las personas a que en ese momento deben actuar y hacer una reclamación en el plazo de tiempo que la jueza de quiebra, Laura Taylor Swain, ofrezca.

A finales de agosto, el gobierno debe publicar una lista de las cantidades que adeuda a todos sus acreedores como parte del procedimiento de la reestructuración de la deuda a través de los títulos que provee la Ley PROMESA.