Los congresistas puertorriqueños Jose Serrano y Nydia Velázquez enviaron una carta al presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), Jose B. Carrión III, a propósito de la falta de transparencia de los gastos en los que incurre el organismo instaurado bajo la Ley federal PROMESA.

Según los congresistas, la Junta -que hasta el pasado año fiscal ha gastado alrededor de $30 millones-, debe nombrar un oficial de finanzas para que vele porque los servicios contratados sean al mejor precio, que estos contratos sean obtenidos luego de una apertura a propuestas competitivas y que realice una auditoría anual del manejo de los mismos. Además, sugieren que la JCF adopte modelos de declaraciones de desembolso del Congreso para informes de gastos.

‘Es necesario que la Junta proporcione al Congreso y al público una cuenta detallada y un desglose específico de todos los gastos incurridos hasta la fecha. Este desglose debe detallar todos los salarios, reembolsos, compras de equipos y contratos incurridos por la Junta de manera detallada, accesible y completa’, plantean Serrrano y Velázquez en su misiva.

Esta no es la primera carta que le escriben a Carrión III, pues en mayo Serrano y Velázquez enviaron sus preocupaciones respecto al plan fiscal, sobre el cual recordaron que sus apreciaciones ‘siguen iguales’.

Otro reflejo de la falta de transparencia financiera de la Junta fueron los segundos informes trimestrales de transacciones periódicas de sus miembros y personal designado para el segundo trimestre del 2017, que carecen del informe correspondiente al subdirector ejecutivo del organismo, Ramón Ruiz Comas. Además, varios integrantes reincidieron en entregar ninguna o información incompleta.

Los políticos en Washington no son los únicos que han cuestionado la transparencia de la Junta Fiscal. El Centro de Periodismo Investigativo demostró recientemente que existe causa para levantar la paralización automática al litigio de acceso a la información que llevan contra el ente encargado de las finanzas de Puerto Rico. Esto implica que no se consolidará el caso con aquellos bajo el Título III de PROMESA, sino que se atenderá en el Tribunal Federal, según la Constitución de Puerto Rico.