El colectivo 'Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico' radicó una demanda contra la Junta de Control Fiscal (JCF) con el fin de frenar la reducción de jornada laboral aprobada en la pasada reunión del ente fiscalizador de las finanzas públicas del país, que supone entrar en vigor el 1ero de septiembre a pesar de que el gobernador, Ricardo Rosselló ha establecido su negativa a implementar la medida.

En la demanda, la SPU alude a que las medidas promovidas por la JCF son producto 'de una política no autorizada e ilegal adoptada por un ente no elegido', particular que alude además a que los siete miembros de la Junta no fueron elegidos democráticamente.

Según explicó el abogado de SPU, Manuel Rodríguez Banchs, el alegato de la demanda se basa en que la JCF enmendó el Plan Fiscal que hizo el gobernador, que supuestamente no incluía la reducción de la jornada laboral ni tampoco el recorte a las pensiones en la forma en que la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA acordó implantarlo.

'La Junta tenía dos opciones: o aprobaban el Plan Fiscal que presentó el gobernador o redactaban un plan propio', expuso el abogado.

Otro de los argumentos que presenta la demanda, es que la JCF no tiene facultad para decirle al Gobierno de Puerto Rico como administrar. Entienden que puede sugerir la cantidad de ahorros, pero no imponer el método para lograrlos.

'[E]stas acciones de la Junta son ilegales ya que violan los términos de Promesa (ley promulgada en el Congreso y que faculta la JCF) y exceden los poderes que Promesa da la Junta', lee el documento legal.

'De la Junta de Control Fiscal mantenerse en su posición de hacer este tipo de recortes, va a enviar a la pobreza a los servidores públicos y a sus familias, a la vez que va a impactar adversamente la economía y a todo el comercio de Puerto Rico', dijo por su parte la presidenta de SPU, Annette González, en conferencia de prensa.

En ese sentido, la SPU solicita al tribunal que se emita una sentencia declaratoria que indique que las enmiendas al Plan Fiscal relacionadas a jornada laboral y pensiones son 'ilegales o no parte del Plan Fiscal como el mismo fue certificado'.

Precisamente, sobre el Sistema de Retiro del país, el colectivo también solicita la ejecución de 'un fideicomiso legal o constitutivo sobre los activos existente' para evitar la venta o desvío de los fondos del retiro de los empleados y otra sentencia declaratoria que establezca que cualquier reducción a los jubilados 'constituye una medida de inconstitucionalidad sin justa compensación o debido proceso legal'.

Sostienen que las aportaciones de los empleados a sus propias cuentas individuales de retiro tienen que ser pagadas completamente y no pueden ser afectadas en un plan de ajuste bajo el Título III de la Ley PROMESA, para la reestructuración de deuda.

La organización sindical radicó una demanda previa ante el Tribunal Federal, en la que impugnaba el Plan Fiscal presentado por el Gobierno y aprobado con condiciones por la JCF. Pero el mismo se detuvo una vez Puerto Rico solicitó acogerse a la quiebra bajo el Titulo 3 de la Ley PROMESA.

Previo a esta demanda, y posterior a la aprobación de estas medidas por parte de la JCF, Rosselló Nevares ha establecido públicamente que no acogerá las movidas que la JCF considera necesarias para sumar más recortes al país. Sin embargo, este ente adelantó mediante misiva que acudirá a los foros pertinentes para hacer cumplir tanto la reducción de jornada como el recorte a las pensiones.

Puede ver el documento legal a continuación:

Demanda JCF._26836