El Departamento de Justicia federal compareció hoy en el caso de quiebras del gobierno de Puerto Rico para defender formalmente la legalidad del estatuto PROMESA, específicamente a la luz de una impugnación de varios sindicatos que indicaban que el nombramiento de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) creada en PROMESA violenta la cláusula de separación de poderes de la Constitución de los Estados Unidos.

¿La defensa?

PROMESA es un ejemplo del poder plenario del Congreso sobre los territorios. Punto.

A manera de darle forma a su postura, el gobierno federal enumeró que:

-La JCF es un componente del gobierno territorial, no del federal.

-El poder plenario del Congreso está defendido en la decisión del Tribunal Supremo federal en Pueblo v. Sánchez Valle.

-La cláusula de nombramientos de la Constitución federal no aplica al nombramiento de oficiales territoriales, como son los miembros de la Junta. Este esquema es similar, sostiene, al que permite que el pueblo de Puerto Rico tenga oficiales electos a pesar de que la isla es un territorio.

-El esquema es similar al que aplica en el Distrito de Columbia, la capital federal, en su gobernanza y, de hecho, la JCF en PROMESA está modelada en la junta que rigió en ese distrito de 1995 a 2001.

Vea el documento radicado aquí.

Por su parte, la JCF 'dio la bienvenida' a las declaraciones del Procurador General de Estados Unidos.

'La devastación de los huracanes María e Irma hace más importante que nunca el tener un proceso ordenado para restablecer las finanzas de la Isla, proveer supervisión y aumentar la confianza entre residentes y negocios mientras se mantiene un trato equitativo con los acreedores', expresó la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko.