Tomadas en conjunto, las tres cartas emitidas ayer por la Junta de Control Fiscal (JCF) con relación a los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico y las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de Energía Electrica (AEE) acusan un esfuerzo superficial de parte de la Administración de Rosselló, desenfocado y falto de detalles sobre cómo será la ejecución de los planes.

Las cartas piden estimados y medidas más 'realistas', más 'definición', datos más 'específicos', cambios más 'significativos' y más 'análisis'. Esto, a pesar de que el gobierno ya había entregado los planes con una prórroga que la Junta había aprobado por lo que, aunque es la primera vez que publican sus objeciones a los planes fiscales, es por lo menos la segunda vez que se las expresan a la Administración Rosselló.

Además, le dicen que el Plan se va a extender hasta el año fiscal 2023 y advierte que 'la Junta no puede certificar un plan fiscal que incluya posturas sobre el status político de Puerto Rico', lo cual supone un golpe mortal a la estrategia de la Administración Rosselló de enmarcar todo su Plan Fiscal en el problema del coloniaje en Puerto Rico.

'Es imperativo que Puerto Rico aproveche el momento para reformar fundamentalmente una economía que ha estado en una recesión de largo plazo, aún desde antes de los huracanes Irma y María', dijo la JCF al desglosar sus solicitudes.

La detallada lista de reformas que piden a nivel de gobierno central tiene como metrica el que Puerto Rico aumente su posición en el índice del Banco Mundial sobre Facilidad de Hacer Negocios y destacan:

El gobierno tiene que hacer una

reserva de emergencia de $650 millones en los próximos cinco años y $1,300 millones en los próximos 10 años.En el

lado laboral, apoyan la activación de un Credito Contributivo por Ingreso Devengado (Earned Income Tax Credit) pero piden una reforma laboral más profunda que: convierta el empleo en uno 'at-will' (que facilita la contratación y el despido) como 49 de los 50 estados, que convierta en opcional el bono de Navidad y la mesada por despido, que reduzca la acumulación de vacaciones y días por enfermedad, y requerirle empleo a aquellos recipientes de ayuda pública que esten en condiciones de emplearse.En el

contributivo, pide que todas las exenciones e incentivos se eliminen antes de reducir las tasas contributivas y que estos incentivos y creditos el gobierno los contabilice como un gasto para el gobierno así como que se haga un vínculo directo entre cada reforma y cómo eso va a ayudar al crecimiento económico.En

infraestructura, se dice que el Plan sometido no incluye un plan de inversión capital atado a la estrategia de crecimiento económico y que este plan de inversión que tiene que incluirse debe abarcar lista de prioridades, un marco de reconstrucción que contenga medidas de resiliencia, desglose de fuente de financiamiento para todos los proyectos y revisión de permisos para acelerar proyectos.En

Educación, piden un plan para reducir el desempleo en la juventud y ayudar en la transición a la fuerza laboral, incluyendo la posible creación de una agencia dedicada sólo al desempleo juvenil.En

energía, y como había adelantado ya NotiCel, pide la implantación de un 'regulador independiente y fuerte' y específicamente mandata que se introduzca legislación a esos efectos a más tardar en verano con estas características: agencia independiente, cinco comisionados que sirven años escalonados y que sólo pueden ser removidos por justa causa, autoridad para aprobar tarifas y determinar si la compañía electrica ha cumplido con sus metas.Sobre la

consolidación de municipios, piden más detalles sobre cómo los planes van a redundar en reducción de costos, eficiencias operacionales y mejores servicios a nivel local. Específicamente, la consolidación debe basarse en una reducción del 80% del subsidio del gobierno central para 2022, el 20% de los subsidios que queden van a estar atados a que el municipio haga los cambios necesarios en su estructura. Los planes tienen que detallar cuánto se va a reducir la plantilla de empleados, los ahorros, el tiempo en que se va a implantar y la lista de agencias municipales que se van a consolidar en un ente regional bajo el modelo de un condado.En las

pensiones, piden que las mismas medidas aplicadas al retiro del gobierno central se apliquen al retiro de maestros y al de jueces para que todos los empleados en un plan de contribución definida y que todas las pensiones por encima de los $1,000 mensuales sean reducidas al 25%. Se ordena que los policías, maestros y jueces de menos de 40 años de edad sean ingresados al Seguro Social.En

salud, piden un detalle de los cambios a Mi Salud para poder evaluarlos.En

reducción del gobierno, queda al desnudo que toda la estrategia de la Administración Rosselló está basada no en reducción deliberada de personal sino en que la plantilla se vaya haciendo poco a poco más pequeña en la medida en que la gente se retire o se vaya del gobierno. Esto no es suficiente para la Junta, que sentenció que eso no va a funcionar. Por esto, pidieron una lista de los servicios públicos que se van a eliminar, reducir o privatizar así como un período de tiempo en que se van a implementar esos cambios.En la

Oficina del Principal Oficial Financiero, la Junta pide un esquema más amplio de poder para esa agencia de forma tal que tenga autoridad sobre toda entidad que reciba dinero del Fondo General y sobre agencias económicas, de estadísticas, de recursos humanos y de compras. Y que el marco de esta agencia propenda a la implantación de cambios a largo plazo.

Vea la carta con objeciones del Plan Fiscal del Gobierno:

Vea la carta con objeciones del Plan Fiscal de la AEE:

Vea la carta con objeciones del Plan Fiscal de la AAA: