El Comite Oficial de Retirados de Puerto Rico exigió la renuncia de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, debido a que la funcionaria es quien insiste en el recorte de 10% a las pensiones y no ha sido capaz de comprender el efecto nocivo que tendría esa medida en la economía de la Isla.

El colectivo representa a unos 167,000 pensionados del Gobierno, entre quienes reciben entre $1,100 a $1,475 por mes, equivalente a unos $13 mil a $18 mil dólares al año.

'La señora Jaresko, esa es su posición, los caballos detrás de la carreta, y ella ha sido seleccionada para implementar la posición de la Junta de Supervisión Fiscal, así que necesitamos una persona allí que sea más sensible a las necesidades de Puerto Rico y a la verdadera reestructuración de Puerto Rico', afirmó Jose Marín en conferencia de prensa.

No es la primera vez que a Jaresko le solicitan la renuncia, pues la semana pasada, el Hispanic Leadership Fund, solicitó al Congreso de los Estados Unidos la destitución y el reemplazo de la directora ejecutiva mediante una carta.

Marín, quien preside el colectivo, señaló que el 47% de la economía de la Isla depende de los retirados y sus gastos. Por eso, denunció que las rebajas determinadas por Jaresko atentan contra el propósito de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles).

'¿Es una Ley Promesa para que? La misma que es una reestructuración de Puerto Rico, pues esas personas que están allí deben ir dirigidas a esa reconstrucción. No pueden ir dirigidas a ser los caballos detrás de la carreta', declaró el tambien sargento retirado de la Policía.

En esa línea, felicitó y respaldó la gestión del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, quien se opuso a un recorte a las pensiones.

En una ponencia discutida ante la JCF, Marín subrayó que los retirados ya han perdido beneficios de manera progresiva debido a acciones legislativas y el deterioro de la economía, como la Reforma de Pensiones de 2013 y la eliminación de las Leyes Especiales. Los estatutos incluyeron, además, reducciones de hasta 15.2% para los futuros retirados.

Jaresko, en medio de una crisis fiscal empeorada por el impacto de los huracanes Irma y María, indicó que la reducción a la pensión sería de un 10% a los jubilados que sobrepasan el nivel de pobreza.

Sin embargo, el estándar utilizado es de nivel federal que, según el colectivo, no concuerda con las particularidades de Puerto Rico.

'El pensionado de Puerto Rico sigue siendo jefe de familia, distinto a que en los Estados Unidos, donde la mayor parte de los pensionados viven ellos con su esposa, o si la pensionada es ella, y viven solos. Viven aparte. Sus hijos viven separados de ellos. Aquí en Puerto Rico vive todo el núcleo familiar, donde la gran mayoría de los casos el pensionado es el ingreso mayor de la casa. Tiene el pensionado que mantener a los hijos, a los nietos, pagar el colegio, es quien mantiene la economía de esa familia', explicó, por su parte, Miguel Fabre, quien representa a los jueces jubilados.

Insistieron el costo de vida en Puerto Rico es más alto que en Estados Unidos. Ejemplo de ello es que en los supermercados, los artículos son 21% más caros que en al menos 325 áreas urbanas de la nación norteamericana.

Igual, el costo de energía electrica en la Isla ocupa la cuarta posición de los más caros de los 50 estados.

'Eso es un concepto que tenemos que hacer claro en este caso donde el Tribunal federal y la jueza (Laura) Taylor tiene que estar consciente. El pensionado en Puerto Rico es un cuadro distinto al pensionado de los Estados Unidos', recalcó Fabre.

Aunque la JCF propuso el recorte, la implementación debe provenir de un Plan de Ajuste por el Tribunal en el caso de quiebra de Puerto Rico, presidido por la jueza Laura Taylor Swain.

Mientras, el Colectivo instó a todos sus representados a mantenerse pendientes a la recien creada página web porturetiro.com y a la página oficial en Facebook para conocer todas las incidencias del caso.