Pese a que la Junta de Control Fiscal (JCF) requirió una reforma inmediata al sistema de pensiones de Puerto Rico, entre las que se encuentra una reducción promedio al 10% a todo cheque mayor de $1,000, no será hasta el año fiscal 2026 o despues que se reflejará un cambio provechoso.

Así consta en el Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, según elaborado y certificado por el ente federal el pasado jueves, documento que afirma que la transformación es 'apropiada y necesaria'.

Los cambios, que competen a unas 325,000 personas entre empleados activos y retirados, se fundamentan en tres pilares: la congelación de beneficios para el sistema de retiro de la Judicatura y los Maestros, el registro de empleados en el Seguro Social, y la reducción promedio de 10%.

Congelar los beneficios de los planes de retiro, por ejemplo, tiene el fin de 'estabilizar' las operaciones fiscales, según el texto. No obstante, el Plan Fiscal acepta que, mientras su implementación será en el 2020, las ganancias más significativas se reflejarán en el 2026, en forma de ahorros de $50 millones.

En años posteriores podría alcanzar $700 millones o más y tendría un rol amplio en la estabilidad del presupuesto a largo plazo.

'Los miembros retendrán los beneficios que han alcanzado hasta la fecha, sujeto a la fórmula de reducción de beneficios discutida en este plan. Beneficios futuros deben estar basados en contribuciones y ganancias en cuentas nuevas para las contribuciones definidas', afirma el documento, aprobado durante la duodecima reunión ordinaria de la JCF.

Mientras, la JCF requirió la habilitación del Seguro Social a los maestros, policías y jueces menores de 40 años de edad.

'Matricular a estos empleados en Seguro Social les proveerá recursos diversos de ingresos en su retiro, y la fórmula de beneficios progresivos del Seguro Social será una red de seguridad para los empleados con menor paga', esbozó.

Aquellos mayores de 40 años deberán recibir esa oportunidad en una fecha posterior.

La puesta en vigor de esta medida tambien sería en el 2020, pero el texto no especifica cuándo se verían los resultados.

Por otro lado, el elemento más comentado ha sido el recorte a las pensiones en un promedio de 10%, aplicable a toda persona con una pensión mayor de $1,000 y que se ha topado con la oposición de los grupos que representan a los jubilados en la Isla.

Según los datos presentados por la JCF en el Plan Fiscal:

Sistema de Retiro de Empleados Públicos de Gobierno: 245,000 cubiertos (120,000 activos y 125,000 retirados y otros beneficiarios)

Maestros: 80,000 cubiertos (38,000 activos y 42,000 retirados y otros beneficiarios).

Sistema Judicial: 860 cubiertos (370 empleados activos y 490 retirados)

Los distintos colectivos en oposición consideran esta medida una estocada a su diario vivir, pues tendrían que sobrevivir con una pensión de miseria, a toda vez que incurren en gastos de medicinas, comida, rentas o hipotecas y gastos personales, entre otros.

Esta medida entraría en vigor en 2020 y, de acuerdo al Plan Fiscal, quedaría sin efecto en el 2050.

En sus páginas, además, la JCF esboza que:

Alrededor de 25% jubilados no verán una reducción en beneficios.

Un 18% verá una reducción de 5%.

Cerca de 60% de los retirados experimentarán reducción de 10%.

Sobre 80% de los jubilados tendrán una reducción de beneficios en un 15% o menos.

En conjunto, la reforma al sistema de pensiones supondría un ahorro de $732 millones en el cúmulo de seis años.

La reforma a las pensiones fue el punto de mayor tensión entre la JCF y la administración de Ricardo Rosselló Nevares, puesto que el gobierno local no apoya el recorte propuesto y ha reiterado que no lo pondrá en práctica.

En ese aspecto, la JCF reconoció que el Gobierno ya ha encaminado los pasos más críticos para la estabilización del sistema a traves de la Legislatura.

En agosto 2017, se aprobó la transición al nuevo modelo de 'pay as you go', a la vez que se liquidaron bienes para ayudar a subvencionar deudas previas, se congelaron los beneficios del Sistema de Retiro de los empleados públicos, y se acordó transferir sus cuentas a una segregada y definida.

No obstante, argumentó el ente, algunos de esos compromisos no han sido completados.

Previo a estos nuevos cambios, y antes del paso del huracán María por la Isla, el ente fiscalizador ordenó una reducción escalonada. Es decir, un recorte de seis por ciento sería aplicado a los pensionados con un beneficio de entre $2,001 y $2,500 mensuales.

El 10% del recorte sería para aquellos que reciban $3,000 mensuales, y así sucesivamente.

Desde el anuncio, los grupos que representan a los retirados se han expresado en contra de la medida por entender que su puesta en vigor los dejaría al borde de la pobreza extrema o hasta en la indigencia.

El Comite Oficial de Retirados de Puerto Rico, por ejemplo, exigió la renuncia de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, debido a que la funcionaria es quien insistió sobre el recorte a las pensiones y no ha sido capaz de comprender el efecto nocivo que tendría esa medida en la economía de la Isla.

Este grupo recibe entre $1,100 a $1,475 por mes, equivalente a unos $13 mil a $18 mil dólares al año.

Mientras, a principios de febrero, el Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) rechazó cualquier disminución a ese estipendio. El colectivo alegó que su implementación provocaría la indigencia entre la población que representan.

Tras la decimotercera reunión pública de la JCF, el presidente del ente Jose Carrión III y Jaresko fueron cuestionados sobre si ellos, con su estilo de vida actual, podrían sobrevivir con $1,000 anuales. La respuesta de ambos fue en la negativa.

En el último encontronazo entre la JCF y el Gobierno, Ricardo Rosselló Nevares instó al ente federal a reflexionar sobre la propuesta.