Washington, DC - El presidente del Junta de Supervisión Fiscal Jose Carrión III confirmó hoy que pronto presentarán un segundo caso por el cual Puerto Rico busca reestructurar parte de su deuda pública, en esta ocasión la deuda de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA).

En el primer caso solicitaron la reestructuración de la deuda por los bonos de Obligaciones Generales y con ello, convirtieron a Puerto Rico en deudor bajo el Título III de la ley PROMESA, un mecanismo judicial similar a un tribunal de quiebra creado para permitir y asegurar la reestructuración forzosa de la deuda de la isla.

Los bonos de COFINA y de Obligaciones Generales representan el 55 por ciento de la deuda pública de Puerto Rico. Bonistas de ambos grupos de acreedores radicaron demandas el martes contra el gobierno a pocas horas de que expirara el cese de litigios referentes a la deuda en la medianoche del lunes.

La acción judicial del primer caso se presentó en San Juan mientras Carrión escuchaba varios panelistas hablar de la crisis fiscal de la isla en la institución conservadora American Enterprise Institute en Washington.

Carrión explicó que no toda la deuda será adjudicada por medio del Título III y que las conversaciones continúan con algunos de los bonistas que no han radicado demandas contra el gobierno, y aun con algunos que sí han acudido a los tribunales.

'La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones', indicó Carrión.

Antonio Weiss, ex subsecretario del Departamento del Tesoro, persona clave en la creación y la redacción de la ley PROMESA, criticó el que el gobernador y la Junta no tomaran acción para acogerse inmediatamente al proceso de reestructuración tan pronto se expiró el periodo del cese de litigio la medianoche del lunes.

'Nunca quisimos que se expusiera al pueblo de Puerto Rico a la docena de demandas que están pendientes y a las seis demandas nuevas que se radicaron desde ayer. Estimamos que era una protección extremadamente importante para la gente,' reclamó Weiss.

Weiss citó como ejemplo la demanda radicada en Nueva York en que los acreedores exigen que Puerto Rico pague la deuda contraída antes de pagar por los servicios esenciales al pueblo.

Un dictamen a esos efectos hubiese sido muy dañino y por eso había que buscar las protecciones de un proceso de reestructuración inmediatamente, puntualizó. Además, el período del cese de litigio permitió que los $2 mil millones en servicio de deuda que no se pagaron durante ese tiempo los usó el gobierno para proveer servicios y mantener el gobierno funcionando.

Carrión no catalogó el lapso de tiempo en presentar el caso de reestructuración como un atraso sino como un proceso de diálogo entre los miembros de la Junta y representantes de la administración del Gobernador Ricardo Rosselló que necesitaba más tiempo para cuajarse.

'No estábamos todos en el punto de la discusión donde teníamos que estar, y queremos trabajar con el gobierno electo del pueblo de Puerto Rico,' indicó Carrión.

'Con todos nuestros puntos de vista, a veces estamos de acuerdo y a veces no. El gobernador es muy claroy directo en la manera que piensa. Llegó a la conclusión a la que llegó y estuvimos de acuerdo,' explicó Carrión.

En el día de 'atraso' el martes, los reclamos para que el gobierno y la Junta pusieran en vigor la reestructuración forzosa de la deuda seguían aumentando, desde los pasillos del Capitolio en Washington, las oficinas en Nueva York, y las calles en San Juan.

Luego de mucha ansiedad el martes, congresistas que votaron a favor de PROMESA en noviembre pasado precisamente para lograr que se reestructurara la deuda dieron un respiro alivio.

Weiss enfatizó que PROMESA fue diseñada de manera para proveer una herramienta poderosa con un cese de litigios y así darle al gobierno y a la Junta más influencia al negociar para reducir la deuda lo suficiente para estabilizar y eventualmente crecer la economía.

'Este va a ser un periodo largo, pero si al final de este periodo hay una reestructuración suficiente de la deuda, es el comienzo de esperanza para la gente de Puerto Rico,' afirmó el ex subsecretario.

Pero Weiss advirtió que Puerto Rico debe seguir luchando para conseguir los fondos federeles de Medicaid adecuados y otros mecanismos de crecimiento económico como el Earned Income Tax Credit para que este esfuerzo funcione. La Junta ha estimado que con los cambios fiscales y estructurales ya encaminados, no se verá un crecimiento económico sustancial en Puerto Rico hasta el 2024.

Se supone que la Junta se disuelva cuando el gobierno logre funcionar con un presupuesto balanceado por tres o cuatro años y cuando la isla pueda regresar a los mercados tradicionales de financiamiento. Esto se podría lograr, puntualizó Weiss, pero le preocupan los niveles de austeridad en el plan fiscal y en algunas de las reformas y los programas del gobierno.

'Aun si la deuda se reduce por 75 u 80 por ciento, se puede argumentar que los $800 millones (en el plan fiscal) para pagos de servicio de la deuda es demasiado alto por la contracción económica que casi seguramente resultará de las medidas de austeridad si no se cuentan con más fondos federales,' afirmó Weiss.

Como parte del proceso de reestructuración, el juez auditará la deuda para determinar si parte de ella surge de bonos emitidos indebidamente o ilegalmente. Se podrían anular bonos emitidos ilegalmente y así disminuir la cifra global de la deuda. Weiss aclaró que en la frase 'gravámenes ilegales y deudas ilegales' que aparece en la ley PROMESA, la palabra 'ilegales' se insertó dos veces a propósito.