Washington, DC - Al radicar varios bonistas las primeras demandas el martes contra el gobierno por no pagarles, el reclamo en Washington para que se ponga en marcha la reestructuración forzosa de la deuda pública de Puerto Rico sigue en aumento.

Varios congresistas hispanos afirmaron el martes que el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) deben poner en vigor el Título III de la ley PROMESA que establece que hoy, 2 de mayo, el gobierno puede declararse en bancarrota para reestructurar, y así bajar, la deuda de $68 mil millones en los tribunales.

Además, los congresistas reclamaron que se lleve a cabo una auditoría independiente de la deuda, como han reclamado muchos sectores en la isla, para saber quién tomó prestado, bajo qué circunstancias, para qué se utilizó el dinero, qué errores se cometieron para no repetirlos y si las transacciones cumplían con la ley.

'Algo va a tener que suceder aquí. El reclamo ya para una auditoría se está poniendo fuerte y se está pidiendo de muchos sectores,' afirmó el representante puertorriqueño José Serrano, demócrata de Nueva York.

'Mientras esas preguntas persistan entre todos nosotros y los que podemos hacer algo para tratar de resolver el problema, la gente de Puerto Rico siempre tendrá esas dudas y esa interrogantes,' explicó.

Serrano hizo sus expresiones durante y después de un foro auspiciado por los demócratas en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, el cual tiene jurisdicción sobre Puerto Rico y los territorios, y del Caucus Congresional Hispano. En el foro con los congresistas, varios líderes sindicales de la isla, expertos en finanzas y procesos de reestructuración, y representantes de organizaciones latinas y religiosas abogaban por lo mismo.

La falta de movimiento del gobernador y la Junta motivó al representante demócrata de la Florida Darren Soto a averiguar si el Congreso puede obligar a que se inicie la reestructuración. Soto es miembro de la subcomisión de Supervisión e Investigaciones del Comité de Recursos Naturales.

'Creo que necesitamos investigar cuál es nuestro poder máximo establecido en el Título III y ejercer nuestra influencia y posiblemente cambiar la ley para que se ponga en marcha ese alivio (de la reestructuración),' puntualizó Soto.

La representante puertorriqueña Nydia Velázquez, demócrata de Nueva York, ha reclamado desde la semana pasada que el gobernador debe actuar ahora ya que la meta primordial de la ley PROMESA era asegurar el alivio y la protección contra los acreedores que ofrece la reestructuración.

El gobernador, quien no ha adelantado qué acciones va a tomar, afirmó durante las pasadas dos semanas que hará lo que más beneficiará al pueblo de Puerto Rico. Pero no ha descartado solicitarle a la Junta que se proceda a la reestructuración en los tribunales.

Hasta hace par de días, el gobierno intentaba lograr algunos acuerdos voluntarios con bonistas sobre distintas partes de la deuda antes de expirarse ayer el período de la paralización de litigios sobre la deuda. Informes indican que a pesar de los esfuerzos de mediación intensas la semana pasada, varios grupos de bonistas han rechazado todas las ofertas del gobierno.

A pesar del litigio que ha comenzado, se dejó abierta la posibilidad de que se siga negociando para intentar llegar a algunos acuerdos voluntarios. Pero para algunos en la isla y algunos expertos en estos procesos, continuar negociando y planificando proyectos de desarrollo económico sin bajar oficialmente la deuda en los tribunales no le convienen al pueblo.

'El peligro que debo enfatizar aquí y la experiencia que tenemos en el mundo es que si pones recursos adicionales sobre la mesa ahora, lo único que ocurrirá es que los acreedores recibirán pagos más altos. No creo que eso es lo ustedes están tratando de lograr,' afirmó Simon Johnson, profesor de Temas Empresariales de la Escuela de Gerencia MIT Sloan.

En una publicación de Politico, el exasesor del Tesoro que pastoreó la aprobación de PROMESA, Antonio Weiss, aseguró que ya se debe activar el proceso de Título III y que 'la intención legislativa fue no permitir una pausa entre la moratoria (de pleitos) y el voto para (aprobar) el Título III'.

Eric LeCompte, director ejecutivo de la organización de instituciones religiosas Jubilee USA Network, que apoyó PROMESA cuando se dilucidaba el proyecto de ley el año pasado, hizo eco de todos los panelistas del foro de que la reestructuración se debía realizar inmediatamente.

Y citó al Papa y al economista Adam Smith para señalar que la auditoría de la deuda también es esencial. Apoyó a PROMESA, en parte, porque el proceso de reestructuración obliga a que se haga una auditoría. Pero advirtió que no indagará las circunstancias de las emisiones de bonos de manera más profunda, como lo haría la que propone hacer la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.

El gobernador Rosselló ha desmantelado y le ha quitado los fondos a la Comisión, lo cual ha levantado muchas interrogantes.

'Cómo tú pagas por una deuda sin realizar una auditoría?' exclamó el representante puertorriqueño Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois, con tono de incredulidad ante los panelistas en el foro. 'Hay una falta de transparencia total en todo esto.'

Para aquellos en el salón de audiencias en el Capitolio, el Congreso tendría que ejercer presión al igual que las decenas de miles de personas compuestos de miembros de sindicatos, estudiantes y otros en Puerto Rico que protestaron en el paro nacional el lunes.

El reclamo en las calles y mediante otros medios contra la austeridad, y a favor de la reestructuración y la auditoría tendrá que continuar luego de que la reestructuración se realice, afirmaron los líderes sindicales en el foro.

Hay que modificar la nueva reforma laboral que le quita beneficios a los empleados públicos y hacer que el plan fiscal aprobado por la Junta sea menos oneroso para el pueblo, según Iram Ramírez, Secretario/Tesorero de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, filial en Puerto Rico de la AFL-CIO.

'Estamos tomando dólares de los bolsillos de los trabajadores para dárselos a los fondos de cobertura,' puntualizó Ramírez.

Serrano reconoció que será difícil lograr que el Congreso le preste mucha atención a la situación en Puerto Rico durante este tiempo en que las divisiones y el descontento reinan en la mayoría congresional republicana.

Pero los congresistas expresaron que se mantienen las esperanzas y hay que hacer el intento. Ofrecieron como ejemplo los $296 millones en fondos de Medicaid para el programa Mi Salud en Puerto Rico que se logró incluir en el presupuesto a ser aprobado esta semana, luego de que los demócratas ejercieran mucha presión en forma unida.

Y la presión por ese dinero vino en muchas formas y de muchas maneras.

'En la política, yo he aprendido que lo que hoy no se puede hacer, mañana se puede lograr fácilmente,' expresó Serrano.