La Junta de Control Fiscal (JCF) sometió hoy, viernes, su segunda solicitud de quiebra bajo el Título III de la Ley PROMESA.

La primera, el miércoles, cubría al Gobierno de Puerto Rico, pero no a las corporaciones públicas. La segunda es para cubrir a la Corporación sobre el Interés Apremiante (COFINA, por sus siglas en inglés), la entidad jurídica creada durante el cuatrienio compartido del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá como un mecanismo para emitir deuda basándose en los ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) como fuente de repago.

COFINA tiene $17,600 millones en deuda emitida, la mayoría bajo la Administración Fortuño y es protagonista de lo que probablemente sea la controversia más determinante en la resolución de la quiebra de Puerto Rico: la pelea entre bonistas de COFINA y bonistas de Obligaciones Generales por cuál de los dos tipos de deuda tiene prioridad sobre la otra a la hora del pago de obligaciones.

Ambas partes ya están enfrascadas en un pleito pendiente ante el juez federal Franscisco Besosa desde antes de la solicitud de quiebra y también, por lo menos en el caso de COFINA, tienen reclamaciones hechas después de la radicación de la quiebra en las que impugnan la legalidad del Plan Fiscal aprobado por la JCF que le deja a los acreedores repagos de sólo una cuarta parte de su deuda total.

Tal y como en el caso de la radicación de quiebra para Puerto Rico, la JCF dice en su solicitud de quiebra para COFINA que espera poder seguir negociando con los acreedores de esos bonos para llegar a acuerdos voluntarios de reestructuración.

Justo hoy, el Juez Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, designó a la jueza del Tribunal de Quiebras de Nueva York,

Vea la solicitud abajo.

Solicitud de quiebra bajo Título III para COFINA - NotiCel_24797