Mientras el país atendía un plebiscito que resultó ser el de menor participación en la historia, la Junta de Control Fisca (JCF), a traves de sus abogados, se mantuvo activa en el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico proponiendo un metodo alterno para resolver la pugna con los bonistas de COFINA y estableciendo una vista para ese y otros asuntos el 28 de junio frente a la jueza Laura Taylor Swain.

Además de esta negociación, el Gobierno se está moviendo para que la jueza Swain emita una orden protectora para que los funcionarios no tengan que testificar ni producir evidencia en casos presentados por la deuda de Puerto Rico. Aunque resalta que también incluyen en la lista al caso mediante el cual la senadora Rossana López solicita acceso a los documentos del presupuesto.

En el caso de la negociación con COFINA, la Junta establece que, aún con el Plan Fiscal y el presupuesto, el gobierno enfrentará dificultades de flujo de dinero a partir del 1 de noviembre de este año, por lo que quiere que esta controversia esté resuelta antes.

El método propuesto es que la Junta va a nombrar a un representante del Gobierno de Puerto Rico y a un representante de los bonistas de COFINA para que se sienten a negociar de forma tal que lleguen a un acuerdo que la Junta pueda llevar al tribunal para que la jueza lo avale. Se trataría de una negociación directa que abandona la fracasada mediación que se intentó.

Es una propuesta que también descarta la solicitud para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico entre a decidir asuntos medulares de la quiebra. NotiCel publicó el viernes esta solicitud que hicieron algunos bonistas para que sea remitida al Supremo la controversia de si el Impuesto sobre las Ventas y Uso que respalda los bonos de COFINA es parte del Fondo General o no.

'Para propósitos de los casos de Título III (reestructuración judicial), el asunto dominante es si, después de considerar todas las defensas procesales y sustantivas, el Impuesto sobre las Ventas y Uso comprometido es una propiedad del gobierno... o sujeto a una reclamación permisible de parte del gobierno que tenga prioridad sobre todas las reclamaciones de COFINA. Si lo son, entonces podría no haber fondo disponibles para pagar la deuda de COFINA. Si no lo son, entonces habrán $725 millones menos por año para pagar gastos y responsabilidades del gobierno, cuya cantidad anual aumenta', explicaron.

'El tiempo apremia para resolver la disputa Gobierno-COFINA porque, si si el gobierno no tiene derecho sobre el Impuesto comprometido entonces, ausente tomar un préstamo o reducir gastos a un punto contraproducente, enfrentará asuntos agudos de manejo de capital poco después del 1 de noviembre de 2017. Si no hay acuerdo o adjudicación final en la disputa Gobierno-COFINA para el 1 de noviembre de 2017, el gobierno con toda probabilidad tenga que tomar dinero prestado de COFINA para financiar el presupuesto operacional del gobierno', añade la moción de la Junta.

Al 31 de julio de 2016, hay $17,300 millones en bonos de COFINA pendientes de pago y aproximadamente $2,600 millones de esos bonos están asegurados.

De los aproximadamente $74,000 millones en deuda del Gobierno de Puerto Rico, los bonistas de COFINA y de Obligaciones Generales tienen el 55%. El servicio a la deuda de COFINA se estima en unos $725 millones para el 2017 y seguirá creciendo. Por otro lado, el Plan Fiscal contempla $787 millones en pago para toda la deuda de la Isla.

'Si se determina que la estructura de COFINA es válida, casi la totalidad de los fondos disponibles para pago de deuda tendría que seguir fluyendo a esos acreedores, dejando muy poca cantidad de repago para el resto de los acreedores del gobierno', plantearon.

Propuesta de la Junta de Control Fiscal para negociar bonos de COFINA - NotiCel_25503