Al final de una semana que vio el recrudecimiento del cabildeo congresional para que Puerto Rico pague a los acreedores más de lo que se ha dicho que se puede, la designación de comites de acreedores, la creación de un grupo de jueces mediadores y la divulgación de nueva data financiera del gobierno, la Junta de Control Fiscal (JCF) le aseguró al tribunal, y a los acreedores, que sus decisiones sobre las finanzas de la Isla no son revisables por los tribunales.

La aseveración vino en un informe radicado el jueves ante la jueza que preside el caso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, en el que se le pone al día a la jueza sobre los procesos de divulgación de información a acreedores y las negociaciones que ha realizado la JCF.

La data que se ha provisto a abogados, asesores, y representantes de acreedores incluye información que ya es pública pero también incluye data y contestaciones a interrogantes de los acreedores que no están disponibles para el público en general porque se depositan en un 'dataroom' virtual al que sólo tienen acceso las partes que han firmado acuerdos de confidencialidad que les prohiben divulgar la información, aunque no prohibe, como ha pasado, que la usen para entablar pleitos.

La Junta también aprovechó el informe, que incluimos en un enlace al final de esta nota, para argumentar sobre los intentos de algunos acreedores de impugnar la validez del Plan Fiscal certificado y el presupuesto en proceso de certificación. El Plan Fiscal provee para pago de sólo aproximadamente el 25% de la deuda.

'En pocas palabras, el problema no es la divulgación de data. En vez, a los acreedores no le gusta la data divulgada y el análisis de pago de deuda que esa data apoya. Por esto, en vez de negociar para dividirse el dinero disponible para pago de deuda bajo el Plan Fiscal, los acreedores han sido claros que quieren que la Junta certifique un plan fiscal diferente que muestre que se puede pagar más deuda... y, aunque la Junta desea poder satisfacer los deseos de los acreedores para unos repagos más altos, la Junta está resuelta a que sólo va a certificar planes fiscales que crea son viables y que conllevarán responsabilidad y acceso a los mercados capitales, como requiere PROMESA', argumentó la JCF a la jueza Swain.

Añaden que la política pública de dicha ley federal es que los miembros de la Junta tomen decisiones libres de presiones de parte del gobierno y de acreedores tanto para que unos consigan más dinero para servicios como para que los otro tengan más dinero para el repago de deuda. 'Las certificaciones de la Junta ni siquiera pueden ser puestas en duda por el tribunal', subrayaron.

El documento añade un reconocimiento a los derechos que tienen los acreedores para recurrir al tribunal a discutir las prioridades de pago o para buscar órdenes protectoras si entienden que la colateral de su acreencia está bajo amenaza, pero no le conceden capacidad para hurgar en el proceso que la Junta sigue para emitir sus certificaciones.

En otro asunto, la Junta divulgó también que cerca del 50% de los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento están de acuerdo con la oferta de reestructuración que les hizo el gobierno.

La próxima vista en el caso de quiebra ante la jueza Swain es el 28 de junio.

Vea también:

Senador envía fuerte carta a Carrión III por 'decisiones bizarras' de la JCF (documento)

Halón de orejas de Bishop a la Junta Fiscal por acuerdo de la AEE (documento)

Síndico nombra comités de acreedores en caso de quiebra de P.R. y reaparece Doral

Orden de Swain crea Comité Mediador para quiebra de P.R. (documento)

Informe de la Junta a la jueza Swain - NotiCel_25573