De la única manera en que la Autoridad de Energía Electrica puede transformarse en una empresa viable, atraer nuevos inversionistas y abaratar los costos de la electricidad es por medio de la privatización.

Así opinaron cuatro integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) en un escrito de opinión publicado en The WallStreetJournal en el que Andrew Biggs, Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel aseguraron que la reestructuración del sector energético es la clave de la recuperación económica de Puerto Rico.

De hecho, fue una votación 4-3 de la JCF la que rechazó el acuerdo (RSA) al que había llegado la AEE con sus bonistas tras lo cual la propia JCF comenzó una negociación con los acreedores.

'La Junta concluyó que bajar el precio de la electricidad e incentivar el crecimiento económico depende de una reforma de las operaciones de la corporación, no solamente reestructurar su crédito. Un servicio eléctrico asequible puede impulsar el crecimiento tanto como un medio por ciento anual, aumentando el ingreso de las familias, deteniendo la emigración y aumento los fondos disponibles para el repago de los acreedores', expresaron los integrantes de la JCF en el escrito.

'Pero creemos que sólo la privatización permitirá a la Autoridad de Energía Eléctrica atraer las inversiones que necesita para abaratar costos y proveer un servicio más confiable a la isla. Así, podría modernizar su fuente de poder, despolitizar su administración, reformar pensiones y renegociar contratos para poder operar más eficientemente. Una AEE reformada es la clave para establecer nuevas oportunidades para la gente de Puerto Rico', agregaron.

El rechazo de la JCF al RSA propuesto se basó en:

La posibilidad de un aumento desproporcionado del cargo de transición ante la caída en la demanda de electricidad, que se espera baje un 22.9 % entre 2017 a 2026.

Términos que impiden iniciativas deprivatizaciónde laAEE.

Otras enmiendas alRSArequieren el apoyo mayoritario de los miembros de la Junta.

Las otras enmiendas no buscan un recorte menor de 15% de la deuda, pero los prestamistas de líneas de combustible deben aceptar ese porcentaje.

Por eso, elRSApropuesto por la Junta Fiscal implica unrepagode la deuda a 40 años. Además, ponen límite al cargo de transición por kilovatio hora entre periodos. Es decir: entre el año fiscal 2018 al 2022, el cargo no puede sobrepasar los 2.70 kilovatio hora. Entre 2023 a 2025 no sobrepasará los 3.60 centavos kilovatio hora, y de 2026 en adelante no será más de 3.95 centavos kilovatio hora. Actualmente, los clientes de la corporación pública pagan 4.35 el kilovatio hora, y luego de consumir 425 kilovatios, aumenta a 4.97 centavos.

Asimismo, se toma en cuenta la Comisión de Energía de Puerto Rico para que adopte metastarifariasen concordancia con elRSA.

Por otro lado, proponen a los acreedores la 'amortización turbo'. Esto permite que todos los ingresos disponibles se utilicen para pagar bonos antes de que se distribuyan las ganancias no proyectadas en otras áreas. A las aseguradoras, se les solicita que acuerden asegurar hasta $300 millones en bonos para gastos capitales.

Por último, proponen que los acreedores acepten un plan 'híbrido' parareestructurarotras obligaciones bajo el Título III de PROMESA que no sean los bonos.

Tras la determinación de la JCF, el gobernador RicardoRossellóNevares solicitó la protección de Título III bajo la Ley federal Promesa para la AEE.

Pero la movida no fue bien vista por algunos de los bonistas, como Assured Guaranty Ltd, cuyo principal oficial ejecutivo Dominic Frederico, dijo que al rechazar el acuerdo, la JCF demuestra que no interesa buscar soluciones negociadas.

'La Junta de Supervisión Fiscal nuevamente elige ignorar la ley y el propósito fundamental de PROMESA, que es implementar reestructuraciones consensuadas que resuelvan el problema fiscal y permitan a Puerto Rico acceder nuevamente a los mercados de capital', expresó Frederico.

Agregó que esta decisión conllevará años de litigaciones judiciales costosas e innecesarias.

'Creemos que en el mejor interés de todas las partes, la administración Trump y el Congreso de Estados Unidos deben intervenir y restaurar el estado de derecho para evitar años de litigación y gastos innecesarios para Puerto Rico', advirtió.

Pero la JCF asegura que tiene el poder en ley para autorizar o rechazar cualquier acuerdo de reestructuración.

'Una reforma exitosa requiere una transformación real del sistema de generación eléctrica de Puerto Rico. La AEE languidece bajo una administración politizada y una estructura administrativa pesada que ha contribuido al fracaso para proveer energía de una manera confiable y económica. Mientras la AEE se niegue a modernizarse, la recuperación económica del Puerto Rico y su habilidad para el repago de sus deudas seguirá sufriendo', concluyeron los integrantes de la JCF.