El Municipio de Caguas, precursor del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) con su 'Willie Tax', volvió al frente de la controversia sobre el financiamiento de los gobiernos municipales con una demanda en el Tribunal Federal mediante la que reta el acuerdo de reestructuración de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó el viernes pasado.

Como parte de sus argumentos, Caguas acusa al BGF de, por años, inducir a los municipios a incurrir en endeudamiento excesivo.

El acuerdo liderado en parte por el grupo Bonistas del Patio dispone un mecanismo para que los activos del BGF sean reordenados para pagar la deuda del moribundo banco con los bonistas que suscriban el acuerdo.

Para Caguas, y por extensión para otros municipios, el problema con este arreglo es que entre los activos del BGF que serán reordenados para cumplir con los bonistas hay cuentas y depósitos que el municipio sostiene que son propiedad de los ayuntamientos, por lo que no pueden ser objeto de un acuerdo de reestructuración para el que no se consultó a los municipios.

En la demanda, Caguas incluyó también a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la cual viabilizó el acuerdo por parte del gobierno de Puerto Rico pero que, según Caguas, está tomando decisiones de manera ilegal porque todavía no tiene una Junta de Directores, lo cual violentaría su ley habilitadora.

'Al 30 de junio de 2017, el Municipio tiene aproximadamente $230,332,846.88 en deuda agregada pendiente, de la cual la cantidad de $81,122,650 en principal se debe al insolvente BGF. De hecho, bajo la orientación fiscal y la consejería financiera del BGF, los municipios, en el agregado, incurrieron en niveles de endeudamiento que probablemente resulten ser insostenibles', apunta Caguas en el pliego.

Las tres fuentes de repago para este endeudamiento son la Contribución Adicional Especial (CAE) sobre la propiedad, la porción del IVU estatal dedicado a los municipios y los ingresos generales de los municipios.

Similar a los bonistas de COFINA, que sostienen que los ingresos del IVU no se deben considerar parte del Fondo General porque por ley están desviados hacia pagar la deuda de COFINA, el municipio de Caguas sostiene que los recaudos por el IVU municipal y por el CAE no pertenecen a más nadie que no sea los municipios, por lo que el gobierno de Puerto Rico no puede disponer de ese dinero en acuerdos de reestructuración de deuda con bonistas.

El 12 de junio pasado, Caguas informó al BGF que no aceptaba el acuerdo de reestructuración e instruyó que los fondos que tiene depositados en el banco fueran usados para repagar sus préstamos de CAE, lo cual provoca un choque entre que el BGF use esos fondos para las deudas de Caguas o que los use para el acuerdo con los bonistas. Esta es la controversia que potencialmente enfrenta los intereses de los bonistas del BGF con los intereses de los municipios.

Vea la demanda en el enlace abajo.

Demanda del municipio de Caguas contra el BGF - NotiCel_26200