Al mejor juicio de la economista Martha Quiñones, las propuestas esbozadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) en su informe anual son ideas anteriormente esgrimidas por grupos de trabajo enviados desde Washington, por lo que no confió que sean consideradas seriamente en los círculos de poder dentro del gobierno federal.

'Lo que están haciendo es pedir que se incluyan todos estos puntos y que, en realidad, ya han sido presentados en otros informes. O sea que ni siquiera fueron creativos sino que cogieron información de otros informes y los pegaron ahí', dijo a NotiCel la economista al resaltar que son ideas idénticas a aquellas sometidas por el Task Force sobre Puerto Rico de la Casa Blanca.

Su crítica principal, sin embargo, es la crasa falta de análisis en las medidas propuestas en el informe que a duras penas contiene 20 páginas. Dentro el informe la Junta emitió unos ocho puntos donde solicitan asistencia del gobierno federal, pero se ilustran brevemente y con poco análisis sobre las posibles consecuencias de estas medidas.

En específico, señaló la propuesta para solicitar convertir los fondos que reciben de ayudas federales como el PAN y el Plan 8 a un Crédito por Ingreso Devengado (EITC en inglés).

La JCF explicó que este tipo de iniciativa va dirigida a 'incentivar más la participación laboral, a la vez que se mantiene una red de seguridad responsable para niños, personas con impedimentos y las personas de edad avanzada'.

Quiñones opinó que tal propuesta ni siquiera sería considerada por el gobierno federal por las implicaciones que conllevaría desviar estas ayudas a personas con un empleo formal, efectivamente excluyendo aquellos que laboran en la economía subterránea.

No obstante, el reto mayor de este tipo de propuesta es sencillamente la búsqueda de empleo, tarea que al presente se torna ardua para muchos puertorriqueños.

'Podría ser perjudicial en el sentido de que si puedes dejar de proteger alguna gente, que son importantes, para mandarlos a trabajar en un lugar donde no hay trabajo. Es ahí donde cada día la queja principal es que el gobierno que tenemos, en lo económico, no te genera los puestos de trabajo que se necesitan', destacó Quiñones.

Resaltó además que de ahí surgen otras complicaciones que inciden sobre el tener un empleo formal, tal como el cuido de niños para madres y padres que trabajan y el devengar un sueldo que permita cumplir con el pago de utilidades, que también se anticipa aumentará en los próximos años, suponiendo un gran perjuicio a la clase trabajadora.

Agregando también un gobierno que no necesariamente facilita estas dificultades, la economista anticipó que esta propuesta no tendrá el efecto de forzar a personas trabajando en la economía subterránea a trasladarse a la economía formal, sino todo lo contrario.

'Aquí los estamos obligando a trabajar en la economía legal. Como quiera van a seguir trabajando en la economía subterránea porque la economía legal no te va a dar suficientes ingresos para seguir manteniendo a su familia', dijo Quiñones al destacar que al presente hay más dinero moviéndose en la economía subterránea.

De mismo modo cuestionó el tipo de asistencia que propone la Junta para la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), que se limita a indicar que sería provista por la National Credit Union Association.

En ese sentido, señaló que estas instituciones financieras aguardan gran parte de los ahorros de los puertorriqueños, por lo que cualquier intento para trastocar el efectivo que tienen las cooperativas podría redundar en nefastas consecuencias para los puertorriqueños.

En fin, Quiñones destacó que el informe no demuestra la calidad de peritaje que suponen tener los economistas de la JCF, en específico su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, quien supone manejar estos asuntos directamente según le faculta la ley PROMESA.

No obstante, le resulta altamente cuestionable que estas propuestas sean presentadas ante el inminente recorte a la jornada laboral que la Junta ha insistido no se puede descartar, mientras el gobernador empuja un discurso combativo a esa propuesta.

'Yo creo que esto lo mandaron para desviar la atención del recorte de la jornada laboral, del descuadre que se prevé en Puerto Rico económicamente recortándole el 20% del salario a cada uno de los empleados públicos. Porque fíjate que ellos han demandado a la gente a trabajar aquí pero no mencionan en ningún momento que ellos están creando desempleo por otro lado', expresó la economista.